Fiscal de la Nación rechaza ley que sanciona a jueces y fiscales

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, rechazó la publicación de la ley que sanciona a jueces y fiscales que dispongan la libertad de personas detenidas en flagrancia.

“Preocupa que se pretenda criminalizar las decisiones que son criterios jurídicos de los operadores de justicia. Quisiera exhortar al Congreso de la República que reexamine su decisión, porque podría constituir una interferencia de funciones, una afectación a la autonomía e independencia de otros poderes, como el Poder Judicial, e incluso de un organismo constitucionalmente autónomo como el Ministerio Público. La separación de funciones y de poderes es parte de un Estado de derecho”, sostuvo en diálogo con la prensa tras un evento en Ayacucho.

Por otro lado, cuestionó la ley que deroga la detención preliminar en casos de no flagrancia a fin de garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional (PNP).

“Todo ejercicio funcional, venga de quien venga, tiene que ser objeto de calificación y de control. ¿Qué sucede si hay un error policial en el uso de arma de fuego, de reglamento? ¿No se podría investigar? Es un retroceso en la lucha contra la delincuencia o contra los errores que puedan cometer, incluso, autoridades como la Policía Nacional”, agregó.

LEY PROMULGADA ESTE MIÉRCOLES

El Poder Ejecutivo publicó la Ley 32182, la cual modifica la Ley de la Carrera Fiscal, Ley de la Carrera Judicial y el Código Penal, para sancionar a fiscales y jueces que dispongan la libertad de personas detenidas en flagrancia.

La norma establece como faltas muy graves que un fiscal disponga la libertad de detenidos en flagrancia omitiendo sus deberes funcionales, no solicite prisión preventiva teniendo pruebas suficientes o manipule evidencias para que la solicitud sea rechazada.

Asimismo, se sanciona a los fiscales que filtren información reservada. En el caso de los jueces, se considera falta muy grave y prevaricato ordenar la libertad de personas detenidas en flagrancia. Por este delito, se establece una pena de prisión de entre 8 y 12 años.