Fiscalía investiga a Alberto Otárola por peculado en caso Pinedo

La Fiscalía de la Nación abrió una nueva investigación contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por el presunto delito de peculado de uso. Según reveló el diario Correo, esta indagación tiene como origen el uso presuntamente indebido de un vehículo oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el cual habría sido utilizado por Otárola para realizar visitas personales a Yaziré Pinedo Vásquez.

El caso está a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público. Según fuentes fiscales, ya se ha comenzado a recoger testimonios de choferes y personal de seguridad asignado a los vehículos del Estado, quienes habrían confirmado traslados no oficiales vinculados al exfuncionario y la joven beneficiaria de contratos públicos.

Vinculación sentimental y beneficio contractual

Yaziré Pinedo Vásquez fue contratada en puestos de confianza tanto en la PCM como en el Ministerio de Defensa durante la gestión de Otárola. Las contrataciones, ampliamente cuestionadas, cobraron notoriedad pública cuando se conoció que existía una relación sentimental entre ambos, reconocida incluso por la propia Pinedo.

La versión fiscal sostiene que Otárola habría favorecido a la joven en los procesos de selección y contratación a través de un entorno de confianza dentro del aparato estatal. La posible utilización de un vehículo oficial para fines personales —como las visitas a Pinedo fuera del marco institucional— configura, según la Fiscalía, el presunto delito de peculado de uso.

Este tipo penal sanciona el aprovechamiento de bienes del Estado para fines particulares, una conducta que puede acarrear sanciones penales que van desde inhabilitación hasta prisión efectiva, según la gravedad de los hechos acreditados.

Ya afronta denuncia constitucional por negociación incompatible

Esta nueva investigación se suma a una denuncia constitucional formalizada en abril de 2025 por el Ministerio Público, también desde el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. En ese expediente, Otárola es acusado como presunto autor del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, por su rol en los procesos que terminaron con la contratación de Yaziré Pinedo en entidades estatales bajo su gestión.

El comunicado oficial de la Fiscalía precisa que la contratación en la PCM y en el Ministerio de Defensa fue facilitada por personas del entorno cercano de Otárola, quienes lo acompañaban desde que fue presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Este detalle refuerza la tesis fiscal sobre una red de influencia con continuidad en varias instituciones del Estado.

La denuncia constitucional fue remitida al Congreso de la República, que deberá evaluar si Otárola puede ser sometido a antejuicio político. Este es un paso obligatorio dado que el exjefe del gabinete, en su calidad de alto funcionario del Ejecutivo, goza de prerrogativas constitucionales que lo protegen de procesos penales ordinarios sin la aprobación parlamentaria.

Testigos, documentos y prerrogativas en juego

Los testimonios ya recabados en el marco de la investigación por peculado de uso incluirían a choferes asignados a la PCM, quienes habrían brindado detalles sobre fechas, horarios y destinos no autorizados de las unidades oficiales. También se estarían revisando registros de GPS, bitácoras y autorizaciones internas que podrían respaldar la hipótesis fiscal.

El Ministerio Público maneja este caso con reserva, pero ha dejado claro que los hechos podrían ser considerados como un uso fraudulento de recursos públicos, especialmente si se confirma que los traslados no respondían a ninguna función oficial del ex jefe del gabinete.

Al tratarse de una figura con prerrogativas constitucionales, cualquier acto formal de imputación o acusación deberá seguir el procedimiento establecido: investigación preliminar, denuncia constitucional, pronunciamiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aprobación en el Pleno y eventual habilitación del proceso judicial ordinario.

Otárola sigue fuera del Gobierno pero bajo el foco judicial

Desde su salida del Gobierno tras el escándalo por los contratos a Pinedo, Alberto Otárola ha mantenido un bajo perfil público. Sin embargo, los procesos abiertos en su contra por el Ministerio Público lo mantienen en el centro del debate sobre el uso indebido del poder político y la instrumentalización de los recursos del Estado.

La acumulación de investigaciones —una por negociación incompatible y otra por peculado de uso— representa un nuevo episodio en la relación entre el Ministerio Público y ex altos funcionarios del Ejecutivo. Ahora, será el Congreso quien tenga la última palabra sobre el futuro jurídico del extitular de la PCM.