Fiscalía pide 30 años de prisión para Andrés Hurtado "Chibolín"
El requerimiento, sustentado por el despacho del fiscal Edward Casaverde, incluye pedidos de inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas superiores al medio millón de soles.
La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos formalizó el requerimiento acusatorio contra el expresentador de televisión Andrés Hurtado, conocido en el ámbito artístico como "Chibolín".
El despacho del fiscal adjunto supremo Edward Casaverde Reyna solicitó una pena privativa de la libertad de 30 años para el exanimador, al hallarlo presunto responsable de los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo en agravio del Estado.
Asimismo, la pieza procesal del Ministerio Público incluyó una petición de 24 años de cárcel para la suspendida fiscal superior titular de lavado de activos, Luz Elizabeth Peralta Santur, imputada bajo los cargos de cohecho pasivo específico por presuntamente instrumentalizar su investidura judicial a cambio de dádivas.
Inhabilitaciones y multas monetarias
Más allá de las penas efectivas de internamiento carcelario, el magistrado Casaverde solicitó al Poder Judicial que se imponga a Hurtado Grados una inhabilitación civil y administrativa por un periodo de 20 años para ejercer cualquier modalidad de función o cargo público.
En el plano de las sanciones pecuniarias, la fiscalía requirió que el animador pague un monto penal regulado de entre 520 000 y 760 000 soles por concepto de días-multa a favor del tesoro del Estado.
En lo que concierne a la abogada Elizabeth Peralta, el Ministerio Público planteó una inhabilitación de 15 años para asumir puestos de confianza en el aparato estatal, además del abono obligatorio de una penalidad económica que oscila entre los 93 000 y 188 000 soles.
Los tres ejes de la trama de corrupción masiva
La tesis acusatoria señala que Andrés Hurtado operó como el nexo logístico e intermediario para materializar el cobro de comisiones ilícitas provenientes de la minería ilegal y el lavado de activos.
El caso principal se concentra en el pago de una presunta coima de un millón de dólares desembolsada por el empresario Javier Miu Lei, con el objetivo de que la fiscal Peralta intercediera de manera irregular para conseguir la devolución de 100 kilos de barras de oro incautados a su corporación en el año 2020.
Corresponderá ahora al juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, convocar a las partes procesales a la denominada "etapa intermedia" o "audiencia de control de acusación". En este espacio judicial se debatirán y subsanarán las observaciones técnicas previas a la emisión del auto de enjuiciamiento que dará inicio formal al juicio oral. Actualmente, tanto Hurtado como Peralta cumplen mandatos vigentes de prisión preventiva en el Penal de Lurigancho y el Anexo de Mujeres de Chorrillos, respectivamente.
La Fiscalía Suprema solicitó 30 años de prisión efectiva contra Andrés Hurtado y 24 años de cárcel para la exfiscal Elizabeth Peralta por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho. El Ministerio Público acusó formalmente a ambos personajes de montar una red para la devolución ilegal de 100 kilos de oro incautados al empresario Javier Miu Lei, además de gestionar investigaciones irregulares de lavado de activos. El requerimiento fiscal incorpora órdenes de inhabilitación para la función pública de hasta 20 años y multas de más de 700 000 soles que deberán evaluarse ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley.
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