Estos son los 112 decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo

Las 112 leyes emitidas por el Poder Ejecutivo, en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, buscan que el Perú sea un país más justo, moderno y con más oportunidades, señaló este la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“En su conjunto, las 112 medidas tienen un solo objetivo: que el Perú avance hacia ser un país más justo, con más oportunidades y moderno”, precisó la PCM a través de una nota de prensa.

Refirió que cuando se solicitó las facultades legislativas, el presidente Pedro Pablo Kuczynski le pidió al Gabinete Ministerial tener sentido de urgencia porque “había mucho por hacer y poco tiempo que perder”.

En sentido, la PCM remarcó que las 112 leyes emitidas se enfocan en cinco ejes: 100% de cobertura de agua y saneamiento, reactivación económica y formalización, lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana y simplificación administrativa.

[LEE: Zavala: "Tarea cumplida, 112 decretos legislativos para crecer"]

“En agua y saneamiento nos hemos enfocado en dos aspectos: recursos para cerrar las brechas de infraestructura que se mantienen principalmente en las áreas rurales, y fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Empresas Prestadoras de los Servicios de Saneamiento (EPS) así como del marco regulatorio y del supervisor, la Sunass”, agregó.

Además, dijo que el Ministerio de Vivienda tendrá oficinas en las 24 regiones para apoyar a las EPS, labor que contará con el respaldo del Organismos Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

Indicó que los decretos de reactivación económica y formalización están enfocados en tres actores: la clase media, los pequeños empresarios y la reactivación de la inversión privada y pública.

Sobre los dos primeros, es la primera vez que el Ministerio de Economía y Finanzas lidera una reforma pensada en ellos.

Respecto al tercero, subrayó, se han realizado cambios a las leyes de Obras por Impuestos y a las Asociaciones Público Privadas, se ha fortalecido la labor de Proinversión y se ha reemplazado el SNIP por el sistema Invierte.pe, que permitirá que los gobiernos regionales y locales puedan formular y ejecutar sus proyectos de manera más sencilla y rápida.

En lucha contra la corrupción, se han realizados cambios legales para abordar el problema desde tres ámbitos: prevención, persecución y sanción y reinserción.

De esta manera, se ha creado la Autoridad Autónoma de Transparencia, se ha fortalecido la autonomía de la Procuraduría del Estado, se han realizado 40 cambios a la Ley de Contrataciones del Estado, se ha aprobado la muerte civil para que los corruptos no puedan trabajar nunca más en el Estado y se ha aprobado la responsabilidad administrativa y penal de las empresas en casos de corrupción.

Asimismo, se ha declarado en emergencia el sistema penitenciario.

En seguridad, los decretos legislativos fortalecen la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas; crean herramientas efectivas para la lucha contra la corrupción en el sector Interior, como la obligación de los oficiales y suboficiales de la Policía a presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas.

Además se establece el nuevo reglamento disciplinario de la Policía, que busca simplificar, acelerar y hacer más justas las investigaciones, sanciones y absoluciones.

Asimismo, se prohíbe el uso de teléfonos celulares que hayan sido declarados robados. Todo ello se suma al programa nacional de recompensas, los megaoperativos, el programa Barrio Seguro, las estrategias de prevención y la presencia de 10.000 policías más en las calles.

“Nuestro objetivo recuperar la confianza de la sociedad en  la Policía y reducir las víctimas de robo 14.8% a 10.5% al 2018”, indicó.

En simplificación administrativa, la PCM precisó que objetivo es lograr poner el Estado al servicio del ciudadano.

“Para ello los decretos simplifican, optimizan, automatizan o  eliminan trámites; refuerzan la competencia de Indecopi en materia de eliminación de trabas; define, la estandarización de procesos y tasas a cobrar en los tres niveles de gobierno”, expresó.

También, agrega, se establece un sistema para revisar de manera obligatoria, periódica y exhaustiva todas las normas vigentes del Poder Ejecutivo . El mismo proceso se aplicará a la normativa que se expida en adelante. (Andina)