Guerrero: Fiscalía tiene pruebas contundentes en juicio contra Toledo

El expresidente Alejandro Toledo afrontará un nuevo proceso penal. El Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral en su contra por los delitos de colusión agravada y lavado de activos en el marco del caso Interoceánica Sur, tramo 4.

Según informó el exprocurador anticorrupción Alex Guerrero a Canal N, la acusación está sustentada en pruebas documentales, electrónicas y declaraciones de colaboradores eficaces, incluyendo al exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

La Fiscalía sostiene que Toledo habría recibido pagos por más de 5.4 millones de dólares para favorecer la adjudicación del mencionado tramo vial.

Alex Guerrero explicó que los delitos imputados podrían acarrear penas superiores a los 20 años de prisión. Añadió que el Ministerio Público logró superar la etapa de control de acusación formal y sustancial, lo que permitió que se admitan las pruebas para el juicio.

Estas evidencias no han sido cuestionadas por su legalidad y serán evaluadas durante el debate probatorio ante el juez Richard Concepción Carhuancho.

El exprocurador también destacó la dificultad para acreditar el delito de colusión, al requerir evidencias directas de acuerdos ilícitos entre funcionarios y empresas.

Empresas involucradas también fueron incluidas en el proceso

Además del expresidente, han sido incorporadas en el proceso las empresas vinculadas como terceros civilmente responsables.

De acuerdo con Guerrero, esta inclusión permitiría exigir el pago de reparación civil a dichas entidades en caso Toledo no pueda asumirla. La resolución judicial que dispone esta medida ya está vigente.

El juicio oral se desarrollará en los próximos meses, dada la complejidad del caso. Guerrero estimó que podría culminar hacia fines de año con una sentencia absolutoria o condenatoria, que sería la tercera en contra del exmandatario.

Procuraduría bajo cuestionamiento por falta de acción

En otro momento, Alex Guerrero criticó la falta de iniciativa de la Procuraduría General del Estado, liderada por María Aurora Caruajulca Quispe. Señaló que no se ha convocado un nuevo proceso para designar a un procurador anticorrupción, a pesar de la anulación de un concurso anterior.

También mencionó que una adecuada actuación de la Procuraduría es clave para cautelar los intereses del Estado, especialmente en procesos donde se discuten montos elevados de reparación civil.