PJ aprueba nuevo pedido de extradición para Alejandro Toledo

El Poder Judicial admitió el requerimiento de extradición ampliada contra Alejandro Toledo para que sea procesado por presuntos actos de corrupción vinculados al Tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur. Esta autorización permite que el Estado peruano solicite a Estados Unidos permiso para enjuiciar al expresidente por delitos distintos a los que motivaron su entrega inicial en 2023.

La resolución judicial fue emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho y se sustenta en una acusación fiscal que imputa a Toledo los delitos de colusión y lavado de activos agravado.

Según el Ministerio Público, el exmandatario habría favorecido ilegalmente a la empresa Camargo y Correa a cambio de sobornos durante su gobierno.

¿Qué implica la nueva solicitud de extradición contra Alejandro Toledo?

El nuevo requerimiento de extradición busca autorización de Estados Unidos para procesar a Toledo por delitos no incluidos en su entrega original.

El pedido se basa en la Carpeta Fiscal 14-2016 y el Expediente 141-2017, donde se le acusa por colusión y lavado agravado relacionados con el Tramo 4 de la Interoceánica Sur.

¿Qué hechos investiga la Fiscalía en el caso del Tramo 4?

La Fiscalía sostiene que Toledo habría favorecido al consorcio Intersur Concesiones, liderado por Camargo y Correa, durante el proceso de adjudicación del Tramo 4.

El exmandatario habría gestionado normas y decretos entre 2004 y 2006 que priorizaron el proyecto y lo exoneraron del Sistema Nacional de Inversión Pública.

¿Qué pagos ilícitos se le atribuyen a Alejandro Toledo?

Según la acusación, Camargo y Correa se habría comprometido a pagar hasta US$ 6,3 millones, de los cuales US$ 5,4 millones estarían dirigidos a Toledo.

Parte del dinero habría sido transferido a través de las empresas vinculadas a Josef Maiman, como Trailbridge Ltd. y Merhav MNF, para ocultar su origen.

¿Qué decisiones tomó el expresidente para favorecer al consorcio?

Durante su gobierno, Toledo firmó varios decretos y resoluciones que facilitaron la adjudicación del Tramo 4.

Entre ellas, el Decreto Supremo 018-2004-MTC que declaró prioritaria la obra, la Ley 28214 y el Decreto Supremo 022-2005-EF que la eximió del cumplimiento de preinversión del SNIP.

¿Cómo habría operado el presunto lavado de activos?

La Fiscalía señala que se ejecutaron al menos 34 transferencias internacionales usando empresas offshore y cuentas en bancos de Estados Unidos, Reino Unido, Israel y paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas.

Estas operaciones fueron diseñadas para ocultar el origen del dinero recibido de Camargo y Correa.

¿Qué evidencia ha presentado la Fiscalía en este nuevo caso?

El expediente incluye testimonios de colaboradores eficaces, registros migratorios, visitas a Palacio de Gobierno y declaraciones de figuras clave como Josef Maiman y Jorge Barata.

Maiman afirmó haber recibido dinero de Camargo y Correa para entregarlo a Toledo, mientras que Barata indicó que el expresidente intervino directamente para favorecer al consorcio.

¿Qué sigue tras la decisión del juez Concepción Carhuancho?

El caso pasará ahora a la Corte Suprema, que deberá emitir su opinión. Si la decisión es ratificada, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, formalizará la solicitud a Estados Unidos. La defensa legal de Toledo podría impugnar esta decisión.

El juez Richard Concepción Carhuancho admitió una solicitud del Ministerio Público para ampliar la extradición de Alejandro Toledo y permitir su procesamiento por delitos relacionados con el Tramo 4 de la Interoceánica Sur. La Fiscalía acusa al expresidente de haber favorecido a la constructora Camargo y Correa a cambio de sobornos. Se le imputa colusión y lavado de activos agravado, con una pena solicitada de 24 años y 8 meses. Las pruebas incluyen transferencias millonarias, normas emitidas durante su gobierno y declaraciones de testigos claves. El caso pasará a la Corte Suprema antes de ser formalizado ante Estados Unidos.