Humala – Nadine: sus abogados criticaron demora de excarcelaciones
Pese a que el TC dispuso su excarcelación, el fallo recién podría hacerse efectivo en lunes
Los abogados de la expareja presidencial realizaron un pronunciamiento en los exteriores del penal de Barbadillo en Ate, donde señalaron que es inadmisible que hasta el momento continúen privados ilegalmente de su libertad Ollanta Humala y Nadine Heredia.
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“Exigimos en el más breve plazo posible un inmediato pronunciamiento del Poder Judicial y nos dirigimos directamente al presidente del Poder Judicial, Duberli Rodríguez”, expresó Alberto Otárola, uno de los abogados de la expareja presidencial.
Salieron del penal de Barbadillo luego de un largo dialogo con el expresidente Ollanta Humala, sus abogados Alberto Otarola, Wilfredo Pedraza y Julio Espinoza señalaron que se encuentra privado ilegalmente de su libertad, al igual que su esposa Nadine Heredia, tras la decisión del Tribunal Constitucional de excarcelarlos.
“Expresar nuestra desazón y protesta más enérgica, porque van a pasar ya 72 horas desde expedida una resolución del Tribunal Constitucional, es decir cosa decidida, todavía no hemos visto que estas dos personas, estos dos ciudadanos del Perú puedan salir en libertad”, agregó.
La decisión del Tribunal Constitucional dejo sin efecto la orden de prisión preventiva de 18 meses que la expareja presidencial cumplía, desde julio del 2017. El proceso por presunto lavado de activos a raíz de aportes al Partido Nacionalista para las campañas 2006 y 2011 lo seguirán bajo comparecencia restringida.
“Vamos a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía Penal de Turno Permanente por delito de resistencia a la autoridad y denunciaremos a quienes resucitemos a quienes resulten responsables”, dijo por su parte Julio Espinoza, otro de los abogados de la pareja Humala Heredia.
Agregaron que la denuncia penal será contra toda autoridad que no haya cumplido o se haya resistido a cumplir la decisión del Tribunal Constitucional en el plazo más corto posible.
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“Es un absurdo, es un abuso que para el cumplimiento de una orden de esa magnitud que tiene dos personas privadas de libertad nos sometan a un procedimiento burocrático, eso es inadmisible en un estado de derecho”, agregó Wilfredo Pedraza.
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