Fernández: Condena a Martín Vizcarra es mensaje claro para la ciudadanía

La Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato respaldó la sentencia de 14 años de prisión contra el expresidente Martín Vizcarra por delitos de corrupción.

Carlos Fernández Muñoz, procurador a cargo del caso, explicó a Canal N que la condena está debidamente sustentada en pruebas relacionadas con los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Durante el juicio, se determinó que Vizcarra recibió sobornos por parte de empresas contratistas, lo que derivó en su condena por cohecho. El procurador recalcó que no existen fundamentos para alegar persecución política, ya que se trata de delitos con relevancia penal debidamente acreditados.

Reparación civil: Procuraduría impugnará monto fijado

Fernández Muñoz informó que la Procuraduría solicitó inicialmente una reparación civil de aproximadamente 4.6 millones de soles, el doble del monto de las coimas detectadas, con base en su función preventiva. Sin embargo, los jueces solo otorgaron el equivalente a los sobornos (S/ 2.3 millones).

Por esta razón, se presentó una impugnación parcial, enfocada únicamente en el monto de la reparación civil. El procurador aclaró que no se cuestiona la responsabilidad penal ni la sentencia condenatoria, sino que se busca reforzar el carácter ejemplar del fallo desde el enfoque civil.

Empresas involucradas también han sido condenadas

El procurador señaló que los ejecutivos de Obrainsa e ICCGSA, empresas vinculadas a los proyectos cuestionados, fueron condenados por cohecho en procesos especiales. Estas empresas también deben cumplir con pagos de reparación civil, establecidos en sus acuerdos de colaboración eficaz.

En el caso de Obrainsa, el acuerdo de colaboración aún no tiene carácter firme, por lo que la empresa mantiene su condición de tercero civilmente responsable en el juicio de Vizcarra. Una vez que su sentencia sea firme, quedará excluida del proceso común y deberá ejecutar su propio plan de pago.

Caso Piñeiro y proceso contra Susana Villarán

Respecto al juicio contra Susana Villarán, Fernández confirmó que el aspirante a colaborador eficaz Leo Pinheiro fue excluido al negarse a pagar reparación civil. Su testimonio no podrá ser utilizado como prueba colaborativa, aunque sigue siendo imputado en el proceso como acusado.

El procurador subrayó que el juicio oral contra Villarán es de alta complejidad, con más de 400 testigos y 600 documentos por revisar, por lo que se espera que el proceso se extienda durante un periodo prolongado.

Sobre cooperación con Brasil y caso Rutas de Lima

Fernández Muñoz aseguró que las decisiones judiciales tomadas en Brasil, como en el caso de Nadine Heredia, no tienen efectos legales en Perú. Afirmó que la jurisdicción peruana se rige por sus propias normas y que las pruebas legalmente incorporadas seguirán siendo válidas.

Finalmente, confirmó que la Procuraduría participa en la obtención de evidencias desde Estados Unidos por el caso Rutas de Lima. A través del mecanismo de “discovery”, se espera que en los próximos meses se generen pruebas útiles para procesos penales en el país.