IPYS condena acusaciones de crimen organizado contra periodistas

El Instituto Peruano de Prensa y Sociedad (IPYS) expresa su firme rechazo a la disposición de la Fiscalía de abrir una investigación preliminar contra tres periodistas bajo los cargos de tráfico ilegal de datos personales y pertenencia a una organización criminal.

La investigación se fundamenta en una denuncia planteada por Zamir Villaverde, conocido acusador de periodistas e investigado por delitos como usurpación, que ha servido como base para la imputación de los periodistas. 

Los periodistas investigados son Rosana Cueva y Eduardo Quispe de América Televisión, así como Beto Ortiz, periodista independiente.

A estos se les acusa de haber realizado pagos a la colaboradora eficaz Karelim López, quien supuestamente les habría proporcionado acceso a una fuente que originó la denuncia.

Cabe señalar que dicha acusación se basa únicamente en la declaración de una sola persona, lo que genera serias dudas sobre la solidez de la misma. 

Además, la investigación también involucra a otras 24 personas, incluyendo a la presidenta Dina Boluarte, el ex premier Alberto Otárola, congresistas, fiscales, policías, entre otros.

Se les acusa de haber controlado el poder político, aunque la investigación se extiende a periodistas que, en ejercicio de su labor, están siendo implicados en delitos graves sin pruebas suficientes.

En este contexto, el IPYS señala que, si bien los periodistas pueden ser investigados por cualquier delito y querellados por quienes se sientan afectados, los estándares internacionales exigen que cualquier medida fiscal o judicial que se adopte contra ellos debe estar debidamente motivada.

Esto es necesario para evitar que se afecte indebidamente su labor informativa y la protección de las fuentes. 

La implicación de los periodistas en una investigación por crimen organizado es especialmente grave, ya que el Ministerio Público podría solicitar medidas restrictivas como incautación de bienes, levantamiento de comunicaciones y otras acciones dirigidas a personas de alta peligrosidad.

Por ello, el IPYS solicita que el Ministerio Público se abstenga de imponer medidas que perjudiquen la libertad de la información y la reserva de las fuentes de los periodistas investigados.

También exige que se excluyan a la brevedad posible las imputaciones contra los periodistas Rosana Cueva, Eduardo Quispe y Beto Ortiz. 

"El IPYS reitera que este pronunciamiento se fundamenta exclusivamente en la defensa de los espacios informativos y la libertad de la prensa, sin hacer distinciones respecto a la línea editorial de los medios involucrados, y sin perjuicio del debate ético que pudiera surgir sobre el comportamiento de los periodistas y los medios ante su público", finaliza el comunicado.