Iriarte: Congreso busca restringir prensa y controlar contenidos

Un proyecto en discusión en la Comisión de Justicia del Congreso ha generado alarma en el gremio periodístico.

La propuesta legislativa busca modificar el artículo 164 del Código Penal, introduciendo sanciones por la publicación de correos electrónicos o mensajes privados, incluso cuando estos revelen información de interés público. Esta medida, según especialistas, podría limitar gravemente el periodismo de investigación en el país.

Erick Iriarte, presidente del Tribunal de Ética de la Prensa Peruana, advirtió en entrevista con Canal N que este proyecto va más allá de la protección del secreto de las comunicaciones.

Según indicó, el debate en la comisión dejó en evidencia una intención de controlar los contenidos difundidos por los medios, afectando directamente la libertad de prensa.

Críticas al enfoque del proyecto y eliminación del “interés público”

Iriarte detalló que la versión inicial del proyecto, presentada por el congresista Esdras Medina, contemplaba sancionar la publicación de correos y mensajes electrónicos sin consentimiento, pero admitía la excepción si existía “interés público”.

Sin embargo, durante el debate se planteó eliminar esta excepción, lo que, en palabras del especialista, desnaturaliza el objetivo original y abre la puerta a sancionar contenidos legítimos de investigación.

En la comisión se mencionó incluso la posibilidad de imponer penas de hasta cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivaldría a casi treinta mil soles, además de restricciones laborales. Para Iriarte, esto genera un incentivo a la autocensura entre periodistas y medios.

Normas vigentes ya regulan comunicaciones de funcionarios

El abogado resaltó que el reglamento de la Ley de Transparencia ya permite acceder a los correos de funcionarios públicos mediante solicitud formal, con plazos para que el propio funcionario identifique si existe contenido íntimo. Por tanto, considera que no existe un vacío normativo que justifique esta nueva ley.

Además, recordó que tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que los políticos deben tolerar un mayor grado de escrutinio. Las normas internacionales también reconocen que el interés público justifica la publicación de información que de otro modo sería privada.

Riesgo para investigaciones sobre corrupción

Iriarte alertó que de aprobarse este proyecto en su forma actual, se obstaculizaría la cobertura de casos recientes como los “Mochasueldos” o las denuncias sobre redes de corrupción vinculadas al Ejecutivo, basadas en mensajes privados filtrados.

La prensa no podría publicar dichos contenidos sin autorización del implicado, lo que contradice principios democráticos de transparencia y acceso a la información.

En ese sentido, el especialista consideró que el Congreso estaría actuando con el fin de blindarse ante cuestionamientos, en lugar de proteger el derecho a la intimidad de los funcionarios. Advirtió que limitar el acceso a información clave afectaría a toda la ciudadanía y debilitaría el rol fiscalizador de la prensa.