Javier Arévalo: La Corte IDH no tiene el poder de ordenar al Poder Judicial que intervenga en impedir que se promulgue una ley
El presidente del Poder Judicial indicó que los jueces tienen la potestad de aplicar el control difuso si consideran que alguna ley atenta contra la Constitución o convenios internacionales
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ha abordado varias temáticas relacionadas con la implementación de nuevas leyes y su impacto en el sistema judicial.
En relación a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente subrayó que esta entidad no tiene el poder de ordenar al Poder Judicial que intervenga en el proceso de promulgación de una ley.
Crear juzgados exclusivos
Una de las preocupaciones principales es la reducción de la carga procesal, especialmente en casos que involucran a una gran cantidad de testigos y pruebas. En este sentido, se ha discutido la posibilidad de crear juzgados exclusivos, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva.
En cuanto a la promulgación de nuevas leyes, el presidente destacó que una vez que estas son aprobadas por el Congreso y promulgadas por la presidenta, entran en vigencia de inmediato.
Sin embargo, los jueces tienen la potestad de aplicar el control difuso si consideran que alguna ley atenta contra la Constitución o convenios internacionales.
En estos casos, los magistrados pueden decidir no aplicar dicha ley sin temor a sanciones. También mencionó que otra opción es recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la constitucionalidad de una ley.
Por otro lado, el presidente del Poder Judicial enfatizó la independencia de los jueces y su responsabilidad en la aplicación de la ley.
Indicó que cada juez debe evaluar caso por caso y tomar decisiones basadas en su criterio y en la legalidad vigente. En ningún momento puede interpretarse que existe una orden generalizada desde el Poder Judicial para influir en las decisiones de los jueces.
Finalmente, reafirmó la importancia de la coordinación y cooperación entre los distintos poderes del Estado y organismos constitucionales, descartando cualquier tipo de enfrentamiento.