Javier Arévalo: Yo no creo en la pena de muerte

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, participó en la inauguración de la unidad de flagrancia en Puente Piedra-Ventanilla. 

En declaraciones a la prensa, el titular de dicha institución considera que es un paso importante en la lucha contra la criminalidad en estas zonas.  

En declaraciones a la prensa, el titular de dicha institución considera que es un paso importante en la lucha contra la criminalidad en estas zonas. Se resalta la colaboración entre las autoridades locales, el alcalde y el presidente de la Corte para hacer posible este proyecto. 

En esa línea, Arévalo hace un llamado al Congreso para aprobar la Ley de Flagrancia, que permitiría una respuesta más ágil a los delitos cometidos en flagrancia. El presidente hace un reclamo a la falta de acción legislativa, considerando que esta ley es urgente para fortalecer la lucha contra el crimen. 

Ley de crimen organizado 

En otro momento, el presidente del Poder Judicial se pronunció sobre la ley de crimen organizado aprobado en el Congreso de la República. Al respecto, explicó el concepto de control difuso donde algunos jueces pueden decidir no aplicar ciertas si las consideran inconstitucionales.  

Subrayó que este ejercicio de control difuso es legítimo, pero se debe hacer con una debida justificación y fundamentación, asegurando que se respete la Constitución. 

Esto en referencia a la situación de Martín Vizcarra tras quedar sin restricciones gracias a la ley del Congreso de la República en el marco del caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua, proceso que se encuentra en juicio oral.

Aunque la virtualidad es útil, se discute si debería ser obligatoria la presencia física en las audiencias judiciales. El presidente sugiere que este tema debe ser revisado, ya que la virtualidad ha demostrado ser eficiente en muchos casos, pero también puede haber situaciones donde sea necesario un sistema presencial obligatorio. 

Acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht 

El titular del Poder Judicial expresa su postura de que todos los documentos relevantes para el interés nacional, como acuerdos de colaboración o decisiones judiciales, deben ser públicos, salvo que involucren secretos de seguridad nacional. 

Luego, Javier Arévalo se manifiesta en contra de la pena de muerte, considerándola una medida superada, aunque apoya la cadena perpetua para delitos graves.

Finalmente, destaca la importancia de la cooperación entre diferentes niveles de gobierno, como el Poder Judicial, los alcaldes y los gobernadores regionales, en la implementación de políticas judiciales, como las unidades de flagrancia.  

El presidente pide que estas colaboraciones no sean criminalizadas, ya que son esenciales para mejorar el sistema de justicia.