JNJ investiga a jefa del Reniec por exposición de datos sensibles

JNJ abre proceso preliminar contra Carmen Velarde por difusión de datos del padrón electoral. / Video: Canal N

De comprobarse una responsabilidad directa, la investigación podría derivar en la destitución de Carmen Velarde del cargo. Por el momento, se trata de una indagación preliminar, que otorga a la funcionaria un plazo de diez días hábiles para presentar sus descargos

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un proceso preliminar contra Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), tras la difusión de información sensible contenida en el padrón electoral inicial publicado en la plataforma virtual de la institución.

El caso se refiere a la publicación no controlada de datos personales de millones de ciudadanos peruanos, lo que generó preocupación pública por la protección de información reservada y la seguridad del sistema electoral. La JNJ evalúa si existió una falta grave en la gestión de esta información por parte de la titular del Reniec.

De comprobarse una responsabilidad directa, la investigación podría derivar en la destitución de Carmen Velarde del cargo. Por el momento, se trata de una indagación preliminar, que otorga a la funcionaria un plazo de diez días hábiles para presentar sus descargos ante el órgano de control.

Otros organismos también indagan el caso

El caso de exposición de datos no solo es seguido por la Junta Nacional de Justicia. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, adscrita al Ministerio de Justicia, también ha iniciado una supervisión paralela para determinar el alcance y responsabilidad del hecho.

Asimismo, la Contraloría General de la República anunció una investigación de oficio para evaluar si existieron negligencias administrativas o deficiencias en los mecanismos de seguridad de la plataforma del Reniec.

Posibles consecuencias si se confirma falta grave

Según el marco normativo vigente, si la JNJ concluye que Carmen Velarde incurrió en una infracción grave al deber funcional, podría imponer sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución del cargo. Esta medida sería independiente de las conclusiones a las que lleguen la Contraloría o el Ministerio de Justicia.

El proceso se encuentra actualmente en etapa preliminar, por lo que las decisiones finales dependerán de la evaluación del descargo de la funcionaria y del análisis de los informes técnicos que acompañan la denuncia inicial.

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