Jorge Solís: El gota a gota tiene colocado en el mercado, bajo la modalidad extorsiva, S/4 mil millones

El presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), alertó que la criminalidad está desplazando al sistema financiero formal en zonas vulnerables
El presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Jorge Solís, advirtió que el sistema ilegal de préstamos conocido como “gota a gota” podría superar los S/4.000 millones en 2025 si no se aplican medidas urgentes para frenar la exclusión financiera en zonas con alta criminalidad.
En diálogo con canal N, Solís señaló que actualmente este sistema informal ya mueve más de S/4.000 millones en el país. “En la medida que las entidades formales se retiren, este mecanismo extorsivo continuará consolidándose”, advirtió.
250 agencias microfinancieras en riesgo de cierre
Solís informó que al menos 250 agencias de cajas municipales están en riesgo de cerrar debido a la inseguridad. Estas se ubican en zonas como Lima norte, Trujillo y otras localidades del norte del país, consideradas “focos rojos” por la violencia y la presencia de organizaciones criminales.
El retiro de estas entidades financieras formales permite que los prestamistas informales avancen, incrementando los casos de extorsión y lavado de activos. “Cuando las microfinancieras se van, la criminalidad gana terreno”, sostuvo.
Según datos de la FEPCMAC, el crédito microfinanciero cayó un 16% en 2023, en contraste con el crecimiento del 40% registrado en 2022. Esta retracción se traduce en menos acceso al crédito para pequeños negocios, afectando la inversión, el consumo y el empleo.
Piden garantías focalizadas para mantener la colocación de créditos
Ante esta situación, la federación ha solicitado al Gobierno la implementación de un programa de garantías estatales específicas que respalden la colocación de créditos en zonas vulnerables. Solís aclaró que no se trata de subsidios, sino de mecanismos similares al programa “Impulsa Perú”, creado tras la pandemia para reactivar a las micro y pequeñas empresas.
“El Estado ya tiene este tipo de herramientas, pero ahora deben focalizarse en las poblaciones más amenazadas por la inseguridad. No podemos cederle el espacio financiero al crimen organizado”, dijo.
También remarcó que la presencia financiera formal es clave para debilitar al “gota a gota” y otras formas de banca informal vinculadas a redes ilegales. Por ello, consideró urgente que el Ejecutivo asuma parte del riesgo crediticio para evitar el colapso del sistema microfinanciero en zonas críticas.
Impacto económico de la criminalidad superará S/20.000 millones
Solís advirtió que el impacto de la criminalidad sobre la economía nacional podría superar los S/20.000 millones en 2025 si no se toman medidas efectivas. “Esto afecta el crecimiento, el empleo, la inversión y la confianza en general”, afirmó.
Aunque reconoció los esfuerzos del Gobierno por endurecer la legislación contra el crimen organizado, indicó que estas acciones deben ir acompañadas de políticas económicas que refuercen la inclusión financiera.
En esa línea, respaldó la creación de leyes “pro-crimen” y un programa integral que combine acciones represivas con iniciativas que fortalezcan la economía legal. “El país necesita medidas eficaces y estructurales, no solo gestos políticos”, concluyó.








