José Jerí anuncia un “contraataque” tras mapeo de bandas criminales

Durante la reunión, representantes de los choferes y delegados de los gremios reclamaron mayor rigor contra las cuentas bancarias y números telefónicos vinculados a las mafias
El presidente José Jerí se reunió con representantes del transporte —encabezados por Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos—, el alcalde del Rímac, el premier Ernesto Álvarez y otros funcionarios, para abordar la paralización parcial del servicio y la ola de violencia que afecta a conductores.
El jefe del Estado comprometió “una estrategia mucho más contundente” y habló de un contraataque planificado tras el mapeo de bandas criminales y la identificación de sus ubicaciones.
“Se ha mapeado una gran cantidad de bandas; hemos identificado lugares y se prepara un contraataque”, afirmó Jerí, quien aclaró que los resultados se presentarán “paulatinamente” y con responsabilidad para no comprometer operaciones en curso.
Actualización del estado de emergencia y tipificación de delitos
Entre las medidas anunciadas, el Ejecutivo planteó la actualización del estado de emergencia en el sistema penitenciario y la posibilidad de incorporar figuras penales que aún no están tipificadas —como la sanción por el traslado de pasajeros en motos que atenta contra la seguridad de conductores—.
Jerí sostuvo que se solicitarán facultades delegadas al Congreso para legislar de forma extraordinaria en materias vinculadas a seguridad y transporte, con la idea de corregir lagunas legales que facilitan la acción de las mafias.
“Necesitamos que el transporte público sea considerado servicio esencial y reciba un respaldo integral del Estado”, subrayó el mandatario, al recordar que alrededor del 80% de limeños se moviliza en transporte urbano.
Reclamos de los conductores
Durante la reunión, representantes de los choferes y delegados de los gremios reclamaron mayor rigor contra las cuentas bancarias y números telefónicos vinculados a las mafias.
Exigieron acciones concretas: identificación de titulares de cuentas que reciben pagos de extorsión y bloqueos a redes de comunicación clandestinas dentro de los penales.
“Si la policía puede identificar el titular de una cuenta y su DNI, ¿por qué no empezamos por ahí?”, planteó un delegado en representación de los conductores, demandando medidas rápidas contra el flujo de dinero hacia las organizaciones criminales.
El premier y los funcionarios presentes reiteraron la voluntad de diálogo y solicitaron a los gremios que acompañen la solicitud de facultades delegadas ante el Congreso.
Mientras tanto, los transportistas mantienen la paralización parcial hasta que se concreten medidas visibles que protejan la vida de conductores y usuarios.
“El mensaje es de unidad: discrepancias pueden existir, pero el objetivo común es derrotar a las mafias y garantizar la seguridad de la ciudadanía”, concluyó Jerí.









