José Ugaz: Santiváñez ya debió dejar el cargo por el caso Ícaro

Los recientes hallazgos en el caso Ícaro han generado fuertes cuestionamientos contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

En diálogo con Canal N, el exprocurador anticorrupción José Ugaz dijo que los chats y testimonios revelados apuntan a la existencia de una red de corrupción que involucra directamente al titular del Ministerio de Justicia, al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y al exoficial Percy Tenorio.

Ugaz señaló que en cualquier democracia institucionalizada, Santiváñez ya habría sido removido del cargo. La permanencia del ministro, afirmó, representa un grave riesgo para la transparencia del Estado y pone en evidencia la falta de control político sobre funcionarios altamente cuestionados.

Chats, pagos y reuniones fuera del despacho

Según la información difundida en Cuarto Poder, un testigo protegido entregó a la fiscalía conversaciones privadas y material audiovisual que comprometerían a Santiváñez, Nicanor Boluarte y Percy Tenorio en la presunta organización criminal.

Las evidencias incluirían pagos por ascensos a generales de la Policía, favores a empresarios mineros y cobertura judicial para proteger al entorno presidencial.

José Ugaz advirtió que Santiváñez mantendría un “despacho paralelo” en lugares como la cafetería Cordano, en inmediaciones de Palacio de Gobierno. Comparó estas prácticas con el modelo Sarratea del expresidente Pedro Castillo, donde se gestionaban decisiones fuera de los canales oficiales.

El exprocurador recordó que Santiváñez ha sido abogado de policías acusados de corrupción y que su estudio jurídico ha representado a oficiales con procesos abiertos. 

Indicó que al asumir el Ministerio del Interior, se rodeó de varios de sus exclientes, y que al ser censurado por el Congreso, fue reubicado por la presidenta en un cargo creado dentro de Palacio de Gobierno.

Ugaz cuestionó que un abogado con historial de confrontación con el Ministerio Público —incluyendo negativa a entregar pruebas requeridas— encabece el Ministerio de Justicia. Afirmó que esto demuestra un intento del Ejecutivo por blindar judicialmente a su entorno, incluso a costa del orden institucional.

Rechazo ciudadano a su designación

Una encuesta de Ipsos publicada por Cuarto Poder reveló que el 79% de los peruanos desaprueba la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia. Solo el 6% la aprueba, mientras que el 15% no tiene una opinión formada.

Además, el 37% de los encuestados considera que fue nombrado para proteger legalmente a Dina Boluarte y su entorno tras su eventual salida del gobierno.

Ugaz destacó que más del 80% de las razones percibidas para su designación tienen connotaciones negativas, como el encubrimiento, favores pendientes o posesión de información sensible contra la presidenta.

Acusaciones de intimidación a la prensa

El exprocurador también denunció actos de hostigamiento hacia periodistas, presuntamente impulsados por el entorno de Santiváñez. Mencionó casos de extracción ilegal de información, vigilancia y amenazas, en una línea similar a la mostrada por el gobierno de Pedro Castillo, pero agravada por el uso de entidades estatales para este fin.

Según Ugaz, estas acciones vulneran la libertad de expresión y representan un uso indebido del poder estatal para silenciar cuestionamientos, afectando directamente a los derechos ciudadanos a la información veraz e independiente.

Congreso en silencio frente a nuevas evidencias

Ugaz cuestionó la inacción del Congreso ante lo que calificó como una “afrenta directa” al Legislativo, que previamente censuró a Santiváñez como ministro del Interior.

Señaló que si bien los congresistas expresan preocupación ante la prensa, finalmente terminan blindando al Ejecutivo para mantener sus propias cuotas de poder.

El exprocurador alertó que de no actuar con firmeza, el Congreso estaría validando el uso del aparato estatal para garantizar impunidad, debilitando aún más la institucionalidad democrática.