Liendo sugiere motivaciones políticas en caso Vladimir Cerrón

Juan Carlos Liendo, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), analiza las implicaciones políticas y de seguridad en el caso de la presunta filtración de información que habría permitido la fuga de Vladimir Cerrón. 

En diálogo con Canal N,  sugiere que este caso está más influenciado por factores políticos que por procesos estrictamente judiciales. 

“Es un tema político del más alto nivel en cuanto una persona que está perseguida por la justicia es de preocupación presidencial y de los ministros”, manifestó. 

La implicación directa de la presidenta Dina Boluarte, ministros de Estado y altos mandos policiales en el operativo sugiere una politización de la justicia y una posible interferencia en la separación de poderes.

En esa línea, el exdirector de la DINI remarcó que es inusual que la presidencia de la República y la DINI se involucren en operativos de captura de prófugos. 

La presencia del secretario general de Palacio de Gobierno y de asesores presidenciales en las reuniones sobre el operativo genera sospechas sobre una posible filtración de información.

Liendo resaltó que, si un director de inteligencia divulga información confidencial sin un debido proceso de transparencia, podría estar incurriendo en un delito. 

Existen contradicciones entre las versiones de los altos mandos policiales y la versión oficial de Palacio de Gobierno, lo que genera dudas sobre quién está diciendo la verdad.

Se evidencia una posible crisis en la conducción política del Estado, afectando tanto la seguridad ciudadana como la estabilidad institucional. 

Posteriormente, subrayó que la politización de la Policía compromete su función de garantizar el orden público y combatir la criminalidad. Agregó que la falta de claridad sobre la filtración de información y la intervención de actores políticos genera incertidumbre y desconfianza. 

Por último, Liendo sostiene que la prioridad del gobierno no es la seguridad ciudadana, sino garantizar su permanencia hasta el 28 de julio de 2026, protegiéndose de acusaciones de corrupción y manteniendo estabilidad política.