Olaechea: “Brasil no está obligado explicar razones del asilo”

González-Olaechea reveló que, durante su gestión como canciller, se frustró un intento de Vladimir Cerrón de ingresar a la embajada de Bolivia para pedir asilo
El excanciller Javier González-Olaechea afirmó que el asilo otorgado por Brasil a Nadine Heredia es plenamente legal y se enmarca en la Convención de Caracas de 1954, suscrita por ambos países.
En diálogo con Canal N, señaló que el artículo 2 de dicha convención otorga al Estado asilante (Brasil) la facultad exclusiva de conceder el asilo, sin necesidad de ofrecer explicaciones ni plazos al país requerido (Perú).
Respecto a las críticas de que el Perú debió protestar o negarse a otorgar el salvoconducto, González-Olaechea indicó que hacerlo demostraría desconocimiento del derecho internacional, pues la normativa aplicable no permite objeciones diplomáticas en este tipo de casos.
Añadió que la figura del salvoconducto es un acto obligatorio para el Estado requerido, tras la decisión del país asilante.
Sobre la eventual comparecencia del canciller Elmer Schialer ante el Congreso, el excanciller indicó que es una facultad legítima del Parlamento convocarlo, como parte de su función de control político.
Si las explicaciones del ministro no son satisfactorias, puede plantearse una interpelación, tal como ocurre en otras situaciones similares.
Caso Vladimir Cerrón
Finalmente, González-Olaechea reveló que, durante su gestión como canciller, se frustró un intento de Vladimir Cerrón de ingresar a la embajada de Bolivia para pedir asilo. Esto fue advertido por la Dirección General de Asuntos Globales en coordinación con inteligencia.
Tras detectar los vehículos diplomáticos, se actuó con una medida "creativa" que evitó su ingreso, aunque luego se filtró la información a la prensa, lo que alertó a Cerrón.
El excanciller sostuvo que la vigilancia de personas con procesos judiciales de alto impacto como Nadine Heredia, Ollanta Humala o Cerrón corresponde a los servicios de inteligencia, y que la inmunidad diplomática impide a las autoridades intervenir vehículos o sedes extranjeras.