Marticorena y Soto: Inseguridad requiere respuesta del Estado

Los congresistas Jorge Marticorena (Alianza para el Progreso) y Wilson Soto (Acción Popular) expresaron su respaldo al paro de transportistas realizado por la creciente inseguridad ciudadana.

Ambos parlamentarios coincidieron en que la criminalidad ha desbordado la capacidad del Estado y señalaron la necesidad de una respuesta unitaria y multisectorial.

Los legisladores criticaron la falta de coordinación entre los poderes del Estado y reclamaron un mayor control político desde el Congreso.

Además, insistieron en que el Ejecutivo debe asumir su rol rector para articular una política nacional de seguridad, mientras se escucha a los ciudadanos afectados.

Llamado a la unidad del sector transporte y a la acción política

Marticorena destacó la necesidad de que los gremios de transporte se presenten con una postura unificada para que su voz tenga mayor impacto. Señaló que la división entre los grupos de transportistas debilita su reclamo legítimo ante el Estado.

Soto, por su parte, coincidió en la importancia de una protesta pacífica y ordenada, y sostuvo que el Congreso debe abrir sus puertas a los transportistas. Ambos enfatizaron que la movilización es una consecuencia de la falta de soluciones estructurales desde el Gobierno.

Críticas al Ejecutivo y al Congreso por falta de medidas efectivas

Los parlamentarios coincidieron en que el Gobierno central no ha articulado una política integral contra la inseguridad. Soto mencionó que los esfuerzos son dispersos y que se repiten capturas sin impacto duradero.

Marticorena recordó que el Congreso tiene una comisión multipartidaria de seguridad ciudadana que no ha sido utilizada de manera estratégica.

Ambos exigieron que el Parlamento ejerza un mayor control político sobre el Ejecutivo y convoque a reuniones multisectoriales con resultados concretos. Señalaron que la lucha contra la inseguridad debe estar por encima de intereses partidarios.

Responsabilidad compartida en medio de la crisis de criminalidad

Soto sostuvo que el Ministerio del Interior debe desplegar más recursos y efectivos para proteger a los conductores y cobradores, quienes siguen siendo asesinados por bandas criminales.

Criticó que muchas veces el trabajo policial se ve desarticulado por decisiones del Ministerio Público o el Poder Judicial.

Marticorena, por su parte, resaltó que el problema no es solo de logística policial, sino de política pública nacional. Recalcó que el Ejecutivo, Legislativo, gobiernos regionales y locales deben coordinar desde sus competencias para enfrentar una crisis que ya ha sido advertida en mesas previas con transportistas.