Ministerio Público justifica allanamiento a Nicanor Boluarte

El Ministerio Público defendió la legalidad del allanamiento realizado a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tras las críticas formuladas por ministros y voceros del Ejecutivo, quienes calificaron la medida como “desproporcionada” y “desestabilizadora”.

El fiscal adjunto supremo Mirko Cano explicó que la diligencia del 27 de agosto fue resultado de una investigación iniciada en marzo, y que todas las solicitudes se presentaron al Poder Judicial, que finalmente autorizó el operativo.

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, subrayó que el allanamiento no fue una medida arbitraria. Indicó que se trató de una diligencia proporcional, porque fue revisada y aprobada por un juez, y recordó que la decisión puede ser apelada ante una sala superior.

Cano rechazó las acusaciones de desproporción, señalando que la Fiscalía actuó de manera coherente con los actos de investigación en curso. Además, destacó que no se trató de una detención preliminar, sino de una medida destinada a recabar pruebas.

En relación con la figura del “tercer vinculado”, cuestionada por algunos sectores, explicó que está contemplada en el Código Procesal Penal y que su aplicación busca asegurar evidencias relevantes para el caso.

Investigación a Nicanor Boluarte abarca cuatro hechos

El fiscal Carlos Ordaya, responsable del equipo de investigación, detalló que la carpeta fiscal N.° 01-2025 incluye cuatro hechos bajo indagación.

El primero está relacionado con presuntos favorecimientos a un estudio jurídico en la Defensoría de la Policía Nacional. El segundo, con pagos indebidos de hasta 20 mil dólares para que generales policiales permanezcan en sus cargos.

El tercer hecho está vinculado a supuestos beneficios ilegales otorgados a la mina El Dorado, en Ayacucho, con la participación de funcionarios regionales y efectivos policiales. Finalmente, el cuarto investiga un presunto encubrimiento para ocultar bienes e información digital de funcionarios investigados.

Según el fiscal Carlos Ordaya, las diligencias se iniciaron el 14 de marzo con declaraciones de testigos protegidos y se fortalecieron con mensajes, equipos incautados y documentación. El requerimiento de allanamiento se presentó el 8 de agosto y fue aprobado por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional el 21 de ese mes.

Ministerio Público descarta motivaciones políticas en la investigación

Ordaya afirmó que la investigación no responde a cálculos políticos ni busca perseguir a funcionarios específicos, sino delitos tipificados. “Nuestro trabajo es perseguir el delito, no personas”, subrayó.

Por su parte, Cano indicó que el Ministerio Público no actúa por presión política y que todas las medidas adoptadas se enmarcan en el debido proceso. Enfatizó que el allanamiento fue proporcional, objetivo y sustentado en pruebas recabadas a lo largo de la investigación.

Ambos fiscales remarcaron que la investigación se desarrolla bajo control judicial y que cualquier cuestionamiento puede resolverse en instancias superiores, garantizando así transparencia y legalidad en el procedimiento.