Mirko Cano: Sentencia sobre extinción de dominio no precisa casos

La ley de extinción de dominio ha sido objeto de polémica tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional. El fiscal adjunto supremo, Mirko Cano, discrepó abiertamente con la decisión, asegurando que esta no está sustentada en casos reales de afectación a derechos de terceros.

Según el magistrado, más del 90% de los bienes incautados bajo esta norma eran instrumentos directos de actividades delictivas. Cano lamentó que la sentencia no detalle qué casos específicos llevaron al Tribunal a declarar la inconstitucionalidad parcial de la norma.

En declaraciones públicas, enfatizó que los argumentos del fallo carecen de evidencia concreta que respalde la supuesta afectación a personas inocentes o de buena fe.

Más del 90% de los bienes incautados eran instrumentos del delito

El fiscal explicó que la mayoría de los casos involucraban bienes como camiones que transportaban droga o inmuebles donde se cometieron delitos. En estos casos, sostuvo, los bienes son instrumentos o efectos del hecho delictivo y, por tanto, no se vulnera ningún derecho legítimo de terceros.

Además, Cano señaló que únicamente en un 1% de los casos se ha alegado una supuesta afectación a terceros ajenos al delito, lo que, a su juicio, no justifica la decisión del Tribunal Constitucional. "Extinción de dominio ha funcionado muy profesionalmente", aseguró.

Cuestiona la falta de ejemplos concretos en la sentencia

Una de las principales críticas del fiscal fue la ausencia de datos precisos en la sentencia. “¿Qué casos se han afectado realmente? ¿Quiénes son esos terceros inocentes?”, preguntó.

Cano insistió en que quienes respaldan el fallo deben presentar nombres y casos reales donde se haya perjudicado a personas ajenas a organizaciones criminales.

El magistrado también puso en duda si el beneficio de esta decisión recae realmente en ciudadanos de buena fe o en sentenciados por delitos como terrorismo y narcotráfico.

Fiscalías actuaron con rigurosidad

Cano defendió la actuación de las fiscalías encargadas de aplicar la ley. Subrayó que las investigaciones estuvieron dirigidas a organizaciones delictivas y a bienes con relación probada a hechos ilícitos. Reafirmó que el marco legal fue aplicado de manera estricta y con criterio jurídico.

Como ejemplo, mencionó el caso del terrorista “Artemio”, señalando que no se puede poner en duda la relación entre los bienes incautados y el delito por el que fue condenado.

Al cierre de sus declaraciones, el fiscal instó a revisar la sentencia con objetividad y sin ceder ante argumentos generales sin sustento probatorio.