Nueva denuncia por enriquecimiento ilícito contra Boluarte

La presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación, esta vez por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de bienes en sus declaraciones juradas. Esta acusación se suma a otras dos anunciadas esta semana, lo que intensifica el cerco legal sobre la jefa de Estado.

La reciente denuncia fue formulada por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Se acusa a la presidenta por el delito de enriquecimiento ilícito agravado y por no haber consignado relojes Rolex y joyas en sus documentos oficiales.

El Ministerio Público señala incremento injustificado

Según el comunicado de la Fiscalía, Boluarte habría incrementado su patrimonio de manera ilegal entre julio de 2021, cuando asumió el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y marzo de 2024. Durante ese periodo, se habrían realizado depósitos bancarios y adquisiciones cuyo origen no ha sido justificado.

En ese lapso, la presidenta habría omitido declarar bienes de alto valor como dos relojes de la marca Rolex, además de otras joyas. La acusación también incluye la omisión de información en las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023.

La Fiscalía sustenta que el origen y el concepto de estos activos no han sido debidamente explicados por la mandataria, lo que configuraría un caso de enriquecimiento ilícito agravado por su condición de alta funcionaria.

Tercera denuncia constitucional en menos de una semana

Esta denuncia se suma a dos presentadas por la Fiscalía el 15 de mayo: una relacionada con las muertes ocurridas durante las protestas sociales entre 2022 y 2023, y otra por presunta corrupción. Con esta nueva acusación, el Ministerio Público consolida un expediente complejo que podría comprometer políticamente a Boluarte.

En tanto, desde el Ejecutivo no se ha emitido un pronunciamiento oficial en respuesta a esta última denuncia, aunque anteriormente, ante situaciones similares, voceros del entorno presidencial calificaron los procesos fiscales como parte de una ofensiva política.