Ollanta Humala: aún no hay garantías para que mi esposa vuelva
El expresidente cuestionó ante la APEP que la Fiscalía archivara acusaciones a ministros dejando solo a su cónyuge.
El expresidente Ollanta Humala sostuvo que en el ámbito penal no existen las garantías judiciales suficientes para que su esposa, Nadine Heredia, retorne al territorio nacional.
Durante una conferencia ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), el exmandatario argumentó que aún persisten investigaciones fiscales activas que actúan como remanentes del caso principal de lavado de activos.
El exjefe de Estado recordó los 15 meses de prisión preventiva que cumplió en el penal de Barbadillo por una investigación que fue recientemente anulada por el Tribunal Constitucional.
Asimismo, cuestionó la estrategia procesal del Ministerio Público por mantener acusaciones contra su cónyuge tras haber archivado las imputaciones contra exministros de su administración.
Las declaraciones de Ollanta Humala ante la prensa extranjera
Durante su exposición ante los corresponsales internacionales, el exmandatario descartó un retorno inmediato de la exprimera dama al país: «En el tema jurídico nosotros no encontramos todavía las garantías suficientes para que mi esposa pueda retornar al país a estar en reunirnos la familia y que no vaya a continuar la persecución judicial contra ella. Porque en estos momentos todavía hay causas, investigaciones pendientes que son remanentes del caso madre... que es el caso de aporte de campaña envuelto en lavado de activos».
Humala remarcó que su familia actuará con prudencia procesal frente a las medidas que adopten las autoridades del sistema de justicia: «Nosotros tenemos que ser cautos y no podemos permitir que mi esposa venga al país en situaciones de precariedad jurídica y veladas amenazas del sistema de justicia».
Los cuestionamientos a la exclusión de exministros y funcionarios
El expresidente criticó las resoluciones del Ministerio Público que excluyeron del proceso penal a los exministros de Estado y a los altos directivos de ProInversión responsables de adjudicar las licitaciones públicas.
Humala calificó como una falta de respeto institucional que las investigaciones continúen únicamente contra él y su cónyuge.
En ese sentido, el exgobernante enfatizó la condición no pública de su esposa durante el mandato 2011-2016: «La Fiscalía ha exonerado del cargo, ha resuelto sacar del proceso penal a todos los funcionarios públicos, a los ministros que son los responsables de llevar a cabo las políticas de Estado, a los funcionarios públicos de ProInversión, que fueron los que ejecutaron el concurso... y curiosamente solo deja a mi esposa y a mí. Mi esposa nunca ha sido funcionaria pública».
La denuncia de persecución judicial y los casos pendientes
El exmandatario reiteró que la conducción de las investigaciones fiscales evidencia la continuidad de un sesgo en contra de su familia.
Humala sostuvo que las decisiones judiciales que archivaron los cargos contra los funcionarios técnicos debieron aplicarse de manera equivalente a su persona y a la exprimera dama.
La defensa del expresidente sostiene que las carpetas fiscales derivadas de los aportes de campaña carecen de sustento legal tras el fallo emitido por el Tribunal Constitucional.
El líder político afirmó que continuará ejerciendo su defensa en los tribunales para desestimar las acusaciones pendientes en el fuero judicial.
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