Palacio logra anular permisos para excavaciones en Centro de Lima

La decisión del Gobierno de detener las excavaciones arqueológicas en la Alameda Chabuca Granda ha generado una fuerte controversia. En un plazo de quince días deberán cesar las investigaciones que venía realizando el equipo de Prolima, por disposición del Ministerio de Cultura, tras una solicitud formal de Palacio de Gobierno.

La medida se sustenta en un informe de la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno que advierte que la intervención afecta el perímetro de protección de la sede presidencial y representa un riesgo potencial para la mandataria y altos funcionarios.

La medida fue ejecutada mediante una resolución que declara nulas las autorizaciones vigentes, afectando directamente a dos importantes hallazgos: el Arco del Puente y el Molino de Aliaga, ambos elementos significativos de la Lima virreinal.

Estos trabajos de investigación formaban parte del proyecto de recuperación patrimonial impulsado por Prolima en el marco de su plan de renovación paisajística en el Centro Histórico.

Gobierno ordena tapar estructuras descubiertas

El Ministerio de Cultura comunicó oficialmente que las actividades de excavación deberán cesar y que las áreas intervenidas deben ser cubiertas en su totalidad. Según declaró Ernesto Olazo, coordinador del equipo de arqueología de Prolima, esta disposición implica el cese inmediato de las labores y el tapado de las excavaciones en un plazo máximo de quince días.

Esta orden no solo contempla detener el trabajo de campo, sino también reponer las áreas verdes que existían antes de la intervención.

La resolución se basa en un informe técnico que alerta sobre la afectación del perímetro de seguridad de Palacio de Gobierno.

Según ese documento, la presencia de equipos de trabajo, maquinaria e intervenciones urbanas altera los anillos de protección diseñados por la Policía Nacional, incrementando la vulnerabilidad de la zona frente a posibles amenazas o actos delincuenciales.

Patrimonio virreinal quedaría enterrado bajo concreto

Los vestigios hallados por Prolima corresponden a estructuras que datan del siglo XVI y que forman parte de la fundación de Lima. Entre ellos destacan el primer puente de ladrillos construido en la ciudad y el arco que marcaba el ingreso desde el Rímac a la entonces Ciudad de los Reyes.

También se encuentra el Molino de don Jerónimo de Aliaga, considerado una joya arquitectónica de la época virreinal.

Los especialistas advierten que el cumplimiento de la orden implicaría enterrar nuevamente estas estructuras bajo cemento, lo que generaría un daño irreversible al patrimonio histórico.

Según Olazo, la cobertura de los hallazgos con áreas verdes, como se exige, permitiría la filtración de humedad, lo que afectaría directamente la conservación de los elementos descubiertos.

Equipo de Prolima busca acciones legales

Ante esta situación, los arqueólogos e investigadores de Prolima han manifestado su preocupación y desacuerdo con la decisión adoptada. El equipo está evaluando posibles acciones legales a través de la Procuraduría de la Municipalidad de Lima.

Su intención es presentar una medida cautelar que permita suspender los efectos de la resolución y evitar que se destruyan los vestigios hallados durante las excavaciones arqueológicas.

Ernesto Olazo afirmó que el equipo no representa ningún riesgo para la seguridad de la presidenta y negó que sus actividades afecten los intereses de Palacio de Gobierno.

"Nosotros no representamos como arqueólogos o como Prolima ningún factor de riesgo o de amenaza a la seguridad de la presidenta", declaró.

Pérdidas económicas y culturales por paralización

Además de los efectos sobre el patrimonio cultural, la anulación de los permisos implica una pérdida económica significativa. Hasta el momento, se estima que se han invertido aproximadamente medio millón de soles en los trabajos realizados por Prolima. Esa inversión quedaría truncada con la cancelación del proyecto.

Desde el equipo arqueológico se advierte que estas acciones no solo afectan la investigación y conservación, sino que también perjudican iniciativas urbanísticas que integraban el patrimonio descubierto con planes de renovación del paisaje urbano en el Centro Histórico.

Contradicciones en el plan de cierre

Uno de los puntos más cuestionados es la contradicción que implica tapar las excavaciones y, al mismo tiempo, cercar la zona para impedir el tránsito de personas.

Según explicó Olazo, esta medida no contribuiría a liberar el área, sino que mantendría bloqueado el espacio público sin aportar a la seguridad. Esto refuerza la percepción entre los investigadores de que la decisión es desproporcionada en relación con los riesgos señalados.

El equipo de Prolima sostiene que los elementos descubiertos no solo tienen valor académico, sino que forman parte de la identidad urbana de Lima. Por ello, buscan preservar su acceso y continuidad dentro de los planes municipales de recuperación del centro histórico.

Contexto institucional de la decisión

El pedido para anular los permisos fue formulado directamente por Palacio de Gobierno y canalizado a través del Ministerio de Cultura. La disposición, contenida en un documento oficial, recoge las observaciones emitidas por la Secretaría de Seguridad, entidad encargada de evaluar las condiciones de protección del entorno presidencial.

Según el documento, las excavaciones arqueológicas alteran el control de amenazas y complican los procedimientos de vigilancia preventiva establecidos por las fuerzas de seguridad. Esta justificación fue aceptada por el ministerio como suficiente para retirar la autorización de intervención en la zona.

Reacciones frente a una medida sin precedentes

La cancelación de un proyecto arqueológico en curso por motivos de seguridad presidencial no tiene antecedentes recientes. La decisión ha generado conmoción entre los investigadores, quienes consideran que se trata de una afectación directa al patrimonio de la ciudad. 

Los especialistas insisten en que la medida no debería ejecutarse sin un análisis más profundo ni sin alternativas que permitan preservar los hallazgos sin comprometer la seguridad del entorno.

La anulación de los permisos para las excavaciones arqueológicas en la Alameda Chabuca Granda, solicitada por Palacio de Gobierno y ejecutada por el Ministerio de Cultura, ha generado fuertes críticas entre especialistas. Se advierte que los hallazgos virreinales podrían quedar enterrados bajo concreto, con pérdida irreparable para el patrimonio histórico. El equipo de Prolima evalúa acciones legales para impedir el cierre del proyecto, mientras las autoridades argumentan que la medida responde a riesgos de seguridad en el entorno presidencial.