Abogado de Dina Boluarte cuestiona norma sobre regalos en Palacio

La defensa legal de la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre la polémica generada por la reciente modificación normativa que permite la entrega de regalos en Palacio de Gobierno. En entrevista con el programa Cuentas Claras de Canal N, Juan Carlos Portugal respaldó la legalidad de la medida, aunque reconoció la existencia de múltiples imprecisiones técnicas en su redacción.

Portugal aseguró que la norma no constituye un delito y que no fue impulsada ni redactada por la mandataria. “Podría cuestionar que no hay mucha finura porque establecieron múltiples supuestos que pueden ser propios o impropios con la función pública”, expresó.

Contradicción normativa

Uno de los aspectos más debatidos de la norma es la aparente contradicción entre el artículo 8, que establece prohibiciones absolutas, y el artículo 11, que plantea excepciones amplias para la recepción de obsequios por parte de funcionarios del despacho presidencial.

Según Portugal, si bien existe una tensión normativa, no se está institucionalizando el cohecho.

“Esta normativa no legaliza o constitucionaliza un acto de cohecho. Por el contrario, mantiene las barreras legales existentes”, sostuvo. Argumentó que el cohecho implica una contraprestación funcional que no está contemplada en la norma.

Un ejemplo extremo: el caso hipotético del Rolex

Durante la entrevista, se presentó un ejemplo hipotético en el que se le entrega un reloj Rolex a Boluarte por una supuesta amistad. Ante este escenario, Juan Carlos Portugal indicó que, desde una lectura literal, el artículo 11 lo permitiría, pero insistió en que “una donación no constituye delito si no está condicionada al ejercicio de la función pública”.

El letrado sostuvo que no es delito recibir regalos en el Despacho Presidencial: "Ni hoy ni ayer ni hace años estaba prohibido", aseguró.
 

Cuarto Poder: ¿una norma hecha a medida?

El debate público se intensificó luego de un reportaje de Cuarto Poder que reveló que la directiva fue elaborada y aprobada en menos de 24 horas por el entorno más cercano a Boluarte.

El documento, identificado como Directiva 004-2025, fue promovido por el jefe de la Oficina de Integridad Institucional y aprobado por asesores jurídicos, jefes de planificación y recursos humanos.

Lo que más preocupa a los especialistas es que la norma permite recibir regalos sin tope de valor, procedentes de amigos, familiares, autoridades locales o incluso por motivos personales. Además, se autoriza el pago de viajes y estadías sin criterios objetivos, lo que podría facilitar beneficios indebidos.

¿Qué decía la norma anterior sobre regalos en Palacio?

La normativa anterior, vigente desde 2021, era mucho más restrictiva. Solo se permitía recibir regalos simbólicos, de bajo valor y por razones institucionales. Los obsequios debían ser registrados, reportados y, en caso de superar ciertos montos, devueltos o ingresados al inventario estatal.

Con la nueva directiva, este sistema de control se elimina o debilita, generando un riesgo de uso discrecional por parte de los funcionarios. “Se ha abierto una puerta peligrosa bajo la excusa de lo ceremonial”, advirtió un especialista en derecho administrativo citado en el informe de Cuarto Poder.

El mismo equipo técnico que aprobó el aumento de sueldo presidencial

Otro dato que ha generado controversia es que el mismo grupo de funcionarios que aprobó esta nueva política también participó previamente en el trámite que permitió el aumento del sueldo presidencial a S/ 35,568 mensuales. Esta coincidencia ha sido interpretada como un posible indicio de coordinación interna con fines políticos.

Portugal minimizó estas coincidencias y recalcó que la presidenta no intervino en la aprobación de la norma, debido al contexto de las investigaciones abiertas en su contra por presunta recepción de joyas y otros beneficios no declarados. “Esta norma es impracticable para la presidenta”, aseguró.

Lavado de activos y caso “Los Dinámicos del Centro”

La controversia normativa se da en paralelo a una nueva investigación fiscal que incluye a Boluarte por presunto lavado de activos.

La presidenta es investigada por un supuesto aporte ilegal de S/ 150,000 cuando era tesorera del partido Perú Libre en 2021, vinculado al caso conocido como “Los Dinámicos del Centro”.

Portugal explicó que el Ministerio Público no ha presentado pruebas suficientes y que ya se archivó una denuncia previa por negociación incompatible sobre los mismos hechos. “La presidenta no participó en contratos, ni favoreció a empresas [...] No temo a las autoridades, temo a la prueba”, señaló.

Riesgos legales al finalizar el mandato presidencial

El abogado también fue consultado sobre la posibilidad de que la Fiscalía solicite prisión preventiva contra Boluarte cuando culmine su gestión. Confirmó que es legalmente viable, aunque improbable si no existen pruebas. “Puede solicitar medidas cautelares, pero debe basarse en hechos, no en hipótesis mediáticas”, afirmó.

Agregó que muchas de las denuncias han sido promovidas “en momentos políticos clave”, como cuando se debatían protestas o reformas constitucionales en el Congreso, lo que genera sospechas de uso político del sistema penal.

Llamado a reformular la directiva cuestionada

Finalmente, Portugal consideró que la norma debe ser reformulada. “Toda normativa que establece pautas de conducta debe tener técnica jurídica. Esta norma no la tiene”, admitió. Sostuvo que la presidenta no se beneficiará de la disposición y que su equipo legal recomendará ajustes normativos.

Diversas organizaciones y especialistas han pedido que se establezca un tope de valor, un registro público obligatorio de obsequios y se excluyan los motivos personales como justificación válida. El Congreso también ha evaluado citar a funcionarios del despacho presidencial para explicar los alcances de esta norma.

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, defendió la norma que flexibiliza la entrega de regalos en Palacio de Gobierno, pero reconoció su falta de precisión técnica. Negó que la medida legalice el cohecho y aseguró que la presidenta no participó en su aprobación. También abordó la investigación por lavado de activos en el caso “Los Dinámicos del Centro” y sostuvo que no existen pruebas para sustentar una prisión preventiva una vez concluya su mandato. Diversos sectores han exigido modificar la norma para evitar interpretaciones riesgosas.