Parlamentarios critican a PCM por defender a Fuerza Popular

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un comunicado en el que rechaza el reciente pedido del Ministerio Público para declarar ilegal al partido Fuerza Popular.

Según el pronunciamiento, esta acción representaría un intento del órgano fiscal de situarse por encima de la Constitución y las leyes peruanas.

El comunicado del Ejecutivo se difundió en un contexto marcado por el proceso electoral ya convocado para renovar autoridades. La PCM advierte que la solicitud de la Fiscalía genera preocupación institucional y podría considerarse una forma de interferencia política.

La reacción del Congreso ante el comunicado de la PCM fue dividida. Algunos parlamentarios expresaron dudas sobre una posible politización del Ministerio Público. Sin embargo, otros criticaron duramente al Ejecutivo por pronunciarse en defensa de un partido específico.

Sectores del Legislativo señalaron que el Gobierno estaría ingresando al terreno electoral, actuando como un ente subordinado a intereses partidarios.

Se cuestionó especialmente la participación del premier y del Consejo de Ministros en un tema que, según sus críticos, debería estar en manos de los órganos autónomos.

Gobierno defiende derecho al sufragio libre

La PCM cerró su comunicado enfatizando que ninguna acción de los órganos del Estado debe impedir el libre ejercicio del voto ni condicionar la participación de agrupaciones políticas.

Reiteró que el proceso electoral debe mantenerse dentro de los márgenes legales y con pleno respeto a las normas democráticas.

PCM acusa al Ministerio Público de extralimitación legal

En su pronunciamiento, la PCM sostuvo que el Ministerio Público está intentando constituirse como un poder superior al marco legal vigente.

La referencia directa al pedido de declarar ilegal a Fuerza Popular ha sido interpretada como un señalamiento claro hacia la fiscal de la Nación.

La declaración indica que esta acción afecta el equilibrio institucional, especialmente en una coyuntura en la que el país se prepara para elegir nuevas autoridades a través de elecciones generales. Para el Ejecutivo, esta medida puede limitar el libre ejercicio de la voluntad popular.