Patricia Benavides denuncia a Delia Espinoza y pide inhabilitarla

La exfiscal de la Nación Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra Delia Espinoza, a quien acusa de haber vulnerado sus derechos fundamentales y de haber incurrido en delitos de función. En el documento entregado al Congreso, Benavides solicita la inhabilitación de Espinoza por 10 años para ejercer cualquier cargo público.

Según la denuncia, Espinoza habría incurrido en abuso de autoridad y prevaricato al emitir resoluciones que, pese a ordenar la reincorporación de Benavides, incluyeron consideraciones que la afectaron públicamente y pusieron en entredicho su honor y presunción de inocencia.

¿Cuáles son los hechos que sustenta Patricia Benavides?

La exfiscal de la Nación cuestiona que Delia Espinoza desobedeciera pronunciamientos de la Junta Nacional de Justicia y de la Corte Suprema, además de haber difundido información reservada en investigaciones en las que ella no figuraba como imputada sino como “vinculada”.

Otro de los puntos señalados es la propuesta de designar a Benavides como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones en pleno proceso electoral, lo que —según sostiene— carecía de sustento legal.

Asimismo, denunció un trato discriminatorio en comparación con otros fiscales supremos repuestos en el cargo, como Tomás Gálvez y Azucena Solari, quienes no recibieron observaciones similares.

Otros puntos a tener en cuenta

La acusación enumera cinco hechos principales:

• Divulgación pública de mecanismos de defensa: Espinoza habría revelado en la resolución los recursos que Benavides presentó para cuestionar su destitución, con el objetivo de denigrarla.

• Crítica a la Junta Nacional de Justicia (JNJ): se cuestionó la validez de la Resolución N.° 231-2025-JNJ, que ordenó la reincorporación de Benavides, sugiriendo que fue irregular.

• Revelación del secreto de investigaciones: se habrían expuesto datos de hasta doce carpetas fiscales en las que Benavides no figuraba como imputada, vulnerando el artículo 324 del Código Procesal Penal.

• Propuesta ilegal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE): Espinoza propuso que Benavides fuera representante del Ministerio Público en pleno proceso electoral, lo que —según la denuncia— contraviene la Ley Orgánica del JNE.

• Asignación discriminatoria de despacho: se le otorgó el Segundo Despacho Supremo Penal, con un trato distinto al de otros fiscales supremos repuestos como Tomás Gálvez y Azucena Solari.

Los artículos constitucionales y penales invocados

El documento señala presuntas infracciones a los artículos 2, 38, 154 y 159 de la Constitución, referidos a los derechos fundamentales y funciones de los órganos constitucionales. También acusa la comisión de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal, y prevaricato, contemplado en el artículo 418.

Con estos argumentos, Benavides sostiene que Espinoza actuó en exceso de sus atribuciones y quebrantó principios básicos del debido proceso, lo que justificaría una sanción política y penal.

Delitos imputados: abuso de autoridad y prevaricato

La denuncia precisa que Espinoza habría incurrido en abuso de autoridad (artículo 376 del Código Penal) al dictar una resolución con información personal inexacta, considerada arbitraria y motivada por intereses personales.

Asimismo, se le imputa prevaricato (artículo 418 del Código Penal), al haber emitido una resolución contraria al texto expreso de la ley. La denuncia sostiene que se vulneraron normas del JNE sobre la irrenunciabilidad de su representante en procesos electorales y disposiciones sobre la reserva de investigaciones fiscales. También se alega que se consignaron hechos falsos, como la existencia de “graves investigaciones” contra Benavides, configurando prevaricato de derecho y de hecho.

Infracciones constitucionales y procedimiento solicitado

Benavides acusa a Espinoza de vulnerar artículos de la Constitución relacionados con la igualdad ante la ley, el honor, el derecho al trabajo y la presunción de inocencia (artículo 2), además de las competencias de la JNJ (artículo 154) y del Ministerio Público (artículo 159).

Por ello, solicita que el Parlamento habilite un antejuicio político que permita acusar a Espinoza en la Corte Suprema por los delitos señalados, y un juicio político que derive en su inhabilitación por 10 años en la función pública.

La denuncia resalta la importancia del control constitucional sobre las actuaciones del Ministerio Público, citando precedentes del Tribunal Constitucional que prohíben cualquier discrecionalidad arbitraria en perjuicio de los derechos fundamentales.

Pedido final de Benavides ante el Congreso

La ex fiscal pidió al Parlamento tramitar la denuncia constitucional, habilitar un antejuicio y juicio político contra Delia Espinoza, y remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia. En su requerimiento, solicita además la sanción de inhabilitación por 10 años en la función pública.

De prosperar la denuncia, será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la que evalúe los cargos y determine si el caso pasa a las siguientes etapas del procedimiento.