Operación Valkiria V: La fiscal de la Nación en su laberinto

Cinco denuncias, agrupadas en cuatro expedientes, reposan en la Junta Nacional de Justicia contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides

Un inocultable juego de tronos que resulta engorroso de entender, pero que evidencia todo lo que se oculta en lo más alto del poder

La Fiscal de la Nación grabó estas video horas después de su polémica reunión de madrugada en el piso nueve del Ministerio Público con fiscales y colaboradores cercanos a su gestión.

El punto neurálgico de la transmisión sería el anuncio del envío al Congreso de una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas en las protestas del inicio de su gobierno.

Pero a diferencia de otros mensajes – algunos, incluso, de menor relevancia - al lado de Patricia Benavides no aparece ningún otro miembro de la Junta de Fiscales Supremos.

La acompañan, aunque no en gran cantidad, fiscales del rango inmediatamente inferior. En el flanco derecho de Patricia Benavides, con saco blanco y cinta roja, aparece Karina Quineche Flores, quien desde el 13 de junio del presente año ejerce como fiscal titular a cargo de investigar casos de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales.

A la izquierda de la fiscal de la Nación se ubica Marena Mendoza Sánchez, también presente en la reunión del lunes en la madrugada y responsable de la fiscalía que investiga casos complejos relacionados con Derechos Humanos. Marena Mendoza, además, fue designada por Benavides al frente del equipo especial Lava Jato en reemplazo del suspendido Rafael Vela.

El resto de fiscales que está en primera fila junto a la Fiscal de la Nación y las fiscales superiores lucen medallas con cintas blancas, las cuales identifican a los fiscales provinciales o a los fiscales adjuntos superiores. Los fiscales que acompañan a Patricia Benavides filas atrás son adjuntos de los provinciales, a quienes, como al funcionario del extremo superior izquierdo, se les identifica por su medalla de cinta blanca, pero puesta como solapa en el pecho.

Pese al calibre de la denuncia que anunciaba la Fiscal de la Nación, la puesta en escena era una muestra de las horas difíciles de Patricia Benavides por las investigaciones por corrupción que la alcanzan a ella y a su círculo más cercano. Incluso, los otros miembros de la Junta de Fiscales Supremos le pidieron que renuncie al cargo.

Fuera del hervidero en que se convirtió la Fiscalía de la Nación, la presidenta Dina Boluarte hizo eco de la denuncia en su contra.

Tratando de seguir con sus actividades de primera mandataria, pero sin perder de vista el caso que podría sentenciarla nada menos que por homicidio calificado, Dina Boluarte mantuvo en la mira a la fiscal que la acusa.

Dina Boluarte, su jefe de gabinete, Alberto Otárola y tres exministros de Interior son sindicados en la denuncia constitucional enviada por Patricia Benavides al Parlamento como responsables por omisión de la muerte de cinco personas durante las protestas de hace casi un año en Puno, Ayacucho y Lima.

La defensa de la presidenta asegura que apenas unos días atrás -el viernes 24 de noviembre- se les había notificado que esta desacumulación de cinco investigaciones por homicidio irían acompañadas de nuevas diligencias. La denuncia constitucional les cayó como un baldazo frío.

La reunión de madrugada que tuvo Patricia Benavides, y los documentos que se redactaron en ese lapso, poco antes de hacerse pública su sindicación como líder de una presunta organización criminal, motivaron un proceso disciplinario inmediato a cargo de la Junta Nacional de Justicia.

El resultado de esta causa administrativa podría ser su remoción del cargo. Pero, por lo pronto, mientras la fiscal de la Nación ha solicitado una Acción de Amparo para frenar todo, la Junta espera sus descargos, para todo indica que se dictará una suspensión preventiva en su contra.

Hace un año y medio, el mismo colegiado que hoy la puede suspender evaluaba sus aptitudes para ocupar el puesto de fiscal suprema.

Entre los postulados de Patricia Benavides resaltaba su énfasis por terminar con las pugnas en el seno del Ministerio Público por cuotas de poder.

La investigación por organización criminal que involucraba en ese momento a su hermana, la jueza Emma Benavides, valió una pregunta específica por parte de los evaluadores, quienes se interesaron en saber qué papel jugaría Patricia Benavides en ese proceso de llegar a ser Fiscal de la Nación.

Sin embargo, esto no fue tan así. Al poco tiempo de llegar al máximo puesto en la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, removió a la fiscal que investigaba a su hermana.

Martín Salas es otro de los fiscales que, además de la mencionada Bersabeth Revilla, renunció al ministerio público en tiempos de Patricia Benavides. En su caso, los cambios en el equipo de investigación contra los ‘Cuellos Blancos del Puerto’ colmaron su paciencia.

Sin embargo, estas acciones serían las primeras que motivaron una investigación preliminar en la Junta Nacional de Justicia contra Patricia Benavides, la abogada que considera que su mayor defecto es ser “muy autocrítica”.

En total, cinco denuncias contra ella, agrupadas en cuatro expedientes, reposan al interior de la Junta Nacional de Justicia, adormecidos por una acción de amparo en favor de la Fiscal de la Nación que paraliza todos esos procesos. Entre ellos, hay investigaciones por presuntos plagios de sus tesis de maestría y doctorado, así como la polémica condecoración que recibió por parte del alcalde Rafael López Aliaga, sobre quien pesa una investigación fiscal por lavado de activos.

Hablamos de que, en dos años de gestión, la huancavelicana Patricia Benavides ha puesto en el asador tres décadas de carrera en el Ministerio Público.

Patricia Benavides llegó a Lima en 2002, alegando problemas de salud que le impedían vivir en provincia. Una vez en la capital, supo llegar al despacho del fiscal de la Nación, donde ocupó el cargo de adjunta suprema por varios años.

Aprovechó la oportunidad para llegar a ser fiscal suprema titular, pero el ascenso vino con aires que, para el equipo especial, que la investiga son de equivocada grandeza.

El Congreso jugará, una vez más, un rol clave en este jaque de poderes. Por un lado, tiene que calificar, analizar y debatir la denuncia constitucional contra Dina Boluarte; por otro lado, está pendiente su decisión de cesar a miembros de la Junta Nacional de Justicia, colegiado que - en los próximos días - decidirá la suerte de Patricia Benavides.

Un inocultable juego de tronos que resulta engorroso de entender, pero que evidencia todo lo que se oculta en lo más alto del poder.

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