Patricia Juárez: “No hay injerencia política en unidad ejecutora”

El alquiler de una oficina en San Luis por casi medio millón de soles anuales por parte del Congreso de la República ha generado críticas.

Sin embargo, la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez, defendió la medida afirmando que se trata de una solución técnica ante el deterioro de la infraestructura legislativa. 

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria aseguró que la decisión responde a una necesidad urgente de reordenamiento físico y administrativo del Congreso, y negó que exista injerencia política en la contratación de los profesionales que lideran la unidad ejecutora a cargo del proyecto. 

Unidad ejecutora busca ordenar infraestructura del Congreso 

Según Juárez, la creación de la unidad ejecutora fue autorizada por ley y tiene un carácter temporal. Su objetivo es enfrentar problemas de infraestructura acumulados en décadas, que afectan directamente la operatividad del Congreso. 

A modo de ejemplo, mencionó derrumbes en oficinas como la que ella ocupaba en la sede de Huallaga, así como el deterioro del tercer piso del Palacio Legislativo, que ya está siendo desocupado por razones de seguridad. “Queremos evitar tragedias y garantizar condiciones dignas de trabajo”, sostuvo. 

Profesionales con experiencia sin injerencia política 

Patricia Juárez aseguró que se ha convocado a técnicos de “altísima calidad” que trabajaron, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos, lo que –afirmó– garantiza competencia y experiencia en gestión de obras públicas. 

Recalcó que ninguno de los profesionales tiene afiliación a bancadas políticas y que han sido elegidos para asegurar una ejecución neutral del presupuesto asignado, que asciende a 10 millones de soles. 

Corte al dispendio de gestiones anteriores 

La vicepresidenta del Congreso aprovechó para criticar prácticas de legislaturas anteriores, como viajes innecesarios y bonos sin justificación. Según dijo, ahora se está haciendo un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos. 

En ese sentido, indicó que el alquiler en San Luis representa una inversión razonable ante la falta de oficinas adecuadas y el riesgo que presentan varios ambientes del Palacio Legislativo. 

Problemas internos reflejan abandono institucional 

Juárez también denunció que desde el año pasado no funciona el canal interno del Congreso, lo que impide que los legisladores escuchen las sesiones desde sus oficinas. Señaló que esta situación ejemplifica el nivel de abandono en el que se encuentra la institución. 

Finalmente, afirmó que el convenio con ProLima busca rehabilitar espacios clave como el hemiciclo y la sala Raúl Porras Barrenechea, y que el nuevo local facilitará el cumplimiento de estos objetivos.