Pedro Gamio advierte que minería ilegal en Pataz erosiona la gobernabilidad del país

El exviceministro de Energía y Minas Pedro Gamio advirtió que la expansión de la minería ilegal en Pataz, La Libertad, ha dejado de ser un problema exclusivamente minero y constituye una amenaza para la seguridad y la gobernabilidad del país.

En entrevista con Canal N, Gamio sostuvo que la magnitud de los recursos que mueve la extracción ilegal de oro exige una respuesta articulada del Estado, basada en inteligencia operativa, trazabilidad del mineral y una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.

Al referirse a un informe de Cuarto Poder sobre presuntos vínculos de familiares de Jenss Lara con contrataciones públicas en Pataz, Gamio consideró necesario profundizar las investigaciones patrimoniales y determinar el origen de los recursos vinculados a las actividades mineras.

El exviceministro sostuvo que el problema debe abordarse más allá de la actividad minera y advirtió que alrededor del circuito ilegal del oro pueden confluir delitos como lavado de activos, evasión tributaria, trata de personas, daños ambientales y corrupción.

En ese sentido, planteó incluso evaluar que determinados procesos vinculados con estas organizaciones sean trasladados a Lima, debido a las amenazas e intimidaciones que podrían enfrentar fiscales, jueces y otros funcionarios en las zonas donde operan las organizaciones criminales.

Pide trazabilidad para combatir el oro ilegal

Gamio señaló que una de las principales herramientas para enfrentar la minería ilegal es establecer mecanismos que permitan conocer el origen del oro, desde su extracción hasta su comercialización.

Consideró que el Estado debe utilizar tecnología como monitoreo satelital y drones con visores nocturnos para identificar actividades sospechosas y seguir el desplazamiento de vehículos vinculados al transporte ilegal de minerales.

Según explicó, estas herramientas deberían ser utilizadas de manera coordinada por instituciones como el Ministerio de Energía y Minas, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Sucamec, entre otras entidades. Gamio sostuvo que existe tecnología disponible a nivel internacional y que la cooperación con Estados Unidos podría contribuir a fortalecer las capacidades del Perú.

Cuestiona uso del REINFO y plantea Ley MAPE

Respecto al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el exviceministro consideró que una nueva ampliación no resolvería el problema de la informalidad y podría terminar siendo utilizada como una cobertura para actividades de minería ilegal.

En su lugar, planteó avanzar hacia una Ley MAPE —relacionada con la pequeña minería y minería artesanal— que establezca reglas claras para diferenciar a quienes buscan formalizarse de quienes realizan actividades ilegales.

Gamio propuso que el Estado, a través del INGEMMET, identifique nuevas áreas con potencial geológico destinadas específicamente a la pequeña minería y minería artesanal y que estas sean asignadas mediante procesos transparentes.

Según sostuvo, esta alternativa permitiría atender las demandas de los pequeños mineros que buscan formalizarse y, al mismo tiempo, facilitaría la persecución de quienes operan al margen de la ley.

Pide mayor control sobre plantas de acopio

El exviceministro también consideró necesario revisar las competencias sobre las plantas de acopio de minerales y planteó que estas dejen de estar bajo responsabilidad de los gobiernos regionales para pasar al ámbito del Gobierno nacional.

Gamio sostuvo que existe un riesgo de corrupción e infiltración en distintos niveles del Estado debido a los recursos económicos que genera el comercio ilegal del oro.

Advirtió que la influencia de estas actividades puede alcanzar gobiernos locales y regionales, el Congreso y el Ejecutivo, por lo que consideró indispensable fortalecer los mecanismos de control y la meritocracia dentro de las instituciones.

Considera clave la cooperación internacional

Gamio destacó que la cooperación internacional como el Escudo de las Américas puede contribuir a combatir las redes vinculadas a la minería ilegal y mencionó la importancia de establecer mecanismos de colaboración con otros países y con las empresas que compran oro.

Como referencia, planteó desarrollar un sistema similar al utilizado internacionalmente para enfrentar el comercio de diamantes de conflicto, de modo que los compradores puedan verificar el origen del mineral y las condiciones en las que fue extraído.

Asimismo, consideró que la cooperación vinculada al Escudo de las Américas podría fortalecer las capacidades de inteligencia necesarias para combatir el crimen organizado asociado a la minería ilegal.

Ley MAPE y prevención ante El Niño

Finalmente, al ser consultado sobre las facultades legislativas que requiere el Ejecutivo, Gamio consideró que existen dos asuntos que justifican ajustes legales: la respuesta ante el Fenómeno El Niño y la aprobación de una Ley MAPE.

Sostuvo que ambos temas requieren decisiones políticas y capacidad de ejecución por parte del Estado. En el caso de la minería ilegal, remarcó que la prioridad debe ser diferenciar claramente la minería informal que busca formalizarse de las organizaciones dedicadas a actividades ilegales.

Gamio concluyó que el Estado necesita actuar con decisión, fortalecer la inteligencia y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones para enfrentar una problemática que, según, advirtió, viene afectando la institucionalidad y la seguridad del país.