Pérez Rocha: Grupo élite contra extorsiones es inviable

El exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez Rocha, calificó de inviable la propuesta planteada en el Congreso para crear un grupo élite policial que combata las extorsiones en el transporte público. Según explicó en una entrevista con Canal N, la iniciativa carece de sustento práctico debido al déficit de personal y de recursos que atraviesa la institución policial.

“Es inconcebible pensar en un grupo élite para controlar los vehículos de transporte público. En Lima tenemos 24 mil unidades legales y 12 mil ilegales. Pretender colocar policías en paraderos o fiscalizar directamente todo ese sistema es imposible”, declaró.

La informalidad del transporte como raíz del problema

Pérez Rocha señaló que la informalidad es un factor central en la inseguridad que afecta al sector transporte. Recordó que solo el 10 % de los vehículos pertenece realmente a empresas registradas, mientras el resto opera al margen de la ley.

El ex director de la PNP remarcó que el grave problema es que no existe una verdadera formalización ya que antes, los vehículos de transporte debían pasar revisiones técnicas cada cuatro meses y presentar certificados de no tener papeletas. Hoy circulan hasta unidades con 35 años de antigüedad, sin condiciones mínimas para operar

Falta de policías y carencias logísticas

El exjefe policial indicó que el país enfrenta un déficit de 70 mil policías, lo que limita la capacidad de prevención en las calles. Además, denunció que los agentes carecen de equipos de comunicación modernos y deben recurrir a sus celulares personales para reportar emergencias.

Presupuesto y responsabilidad política

En cuanto al financiamiento, Pérez Rocha recordó que el artículo 170 de la Constitución establece que el Ejecutivo debe proveer los recursos logísticos a la PNP y a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, afirmó que no existen medidas claras para resolver esta carencia.

Como ejemplo, mencionó que recientemente se anunció la compra de solo 3 mil chalecos antibalas, pese a que la institución cuenta con 135 mil efectivos.

Finalmente, cuestionó el rol del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), al señalar que no cumple con ejecutar el plan anual de seguridad ciudadana. Advirtió que la responsabilidad recae en la presidenta y en el primer ministro, que preside el CONASEC. Si no se corrige, la situación de inseguridad continuará agravándose.