Periodistas denuncian que fueron víctimas de reglaje por parte de la Fiscalía

La Unidad de Investigación de Canal N tuvo acceso a un documento fiscal que devela que los periodistas César Romero, del diario La República, y Juan Carlos Tafur, director periodístico del portal SUDACA, fueron seguidos, vigilados por una fiscalía de la nación.

"¿De acuerdo a la hipótesis inicial de la fiscalía se plantea que tanto César Romero como Juan Carlos Tafur eran parte o estaban vinculados a una organización criminal que es los Cuellos Blancos? [...] Sí, eso plantea como hipótesis la Fiscalía para justificar ese seguimiento. Que ambos estaríamos participando en la reconstrucción de los Cuellos Blancos del Puerto", respondió el editor del diario La República, César Romero.

El detonante: una denuncia periodística. Publicar la existencia de un informe remitido a la secretaria general de la Fiscalía de la Nación, documento en el que se detallaba que dos fiscales: Andy Rodríguez Domínguez y Max Castro Huamán buscaron direccionar una resolución fiscal que beneficiaría directamente a Walter Ríos.

"Es el mismo, el mismo Andy Rodríguez que hacía presiones, es el mismo que en abril decide incluirnos en la investigación [...] ¿Tenías desconocimiento que eras parte de una investigación fiscal a raíz de tu publicación? Nunca nos notificaron que se inició investigación. La hicieron reservada, si no es porque este fiscal archiva nunca nos hubiéramos enterado, eso seguiría ahí", indicó Romero.

Rodríguez Domínguez es un fiscal con buena estrella. Durante la gestión de Patricia Benavides fue promovido de Arequipa al Callao. Integró el equipo de fiscales que investigaban el caso Cuellos Blancos del Puerto. Las develaciones de SUDACA y La República convirtieron a los periodistas en una amenaza.

"¿Cómo esa publicación puede desestabilizar el equipo? Ellos seguían trabajando, nadie les impedía hacer nada. Lo sucedido no afectó para nada la investigación. No había forma que ese artículo o que el trabajo de los periodistas afectara su trabajo", remarcó el editor del diario La República.

Ambos periodistas fueron involucrados en una investigación en la que existe una organización criminal. Nada de lo hecho o dicho, sin embargo, pudo corroborar la hipótesis planteada. Lo que sí se ha podido establecer es que la fiscalía realizó seguimientos a ambos periodistas, para determinar qué hacían, con quiénes se reunían, quiénes eran sus fuentes de información. Al no encontrar absolutamente nada, el caso se archivó.

"No se han identificado ni corroborado los supuestos roles, la división de tareas de periodistas o integrantes de medios de comunicación, o de abogados, o de personas que actuarían dentro de un plan criminal común [...] No se ha logrado recoger, plasmar ni se ha perennizado, a través de las técnicas especiales de investigación desplegadas, videovigilancias, algunas reuniones entre periodistas, abogados o personas potencialmente sospechosas que indiquen alguna actividad de resiliencia”, se lee en el documento fiscal.

El caso ha sido archivado y ha generado preocupación y rechazo a nivel nacional e internacional.