Nicanor Boluarte: PJ evalúa pedido de prisión preventiva
Eficcop pidió 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta y el abogado Mateo Castañeda; así como contra Jorge Luis Ortiz y otros implicados
Poder Judicial reanudó este jueves la audiencia de requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra Nicanor Boluarte y otros cinco investigados por el presunto delito de organización criminal y otros.
El juez Richard Concepción Carhuancho dirige la audiencia. Cabe recordar que el pasado 10 de mayo de 2024, el hermano de la presidenta Dina Boluarte y otras seis personas ya fueron detenidos preliminarmente en el caso denominado 'Los waykis en la sombra'. Posteriormente, el 17 de mayo, el Poder Judicial revocó la detención preliminar y ordenó la libertad de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda.
#PoderJudicial dispone que mañana 22 de agosto continúa a las 11:00 a.m. audiencia de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros, en investigación por organización criminal. pic.twitter.com/9UTxuuXe19
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 21, 2024
PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA NICANOR BOLUARTE
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) pidió 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, y el abogado Mateo Castañeda; así como contra Jorge Luis Ortiz, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar y Noriel Chingay Salazar.
El requerimiento también alcanza a Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior; a los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar; y Zenovia Griselda Herrera Vásquez. Todos los mencionados son investigados por presunta organización criminal y otros.
NICANOR BOLUARTE HABRÍA EJERCIDO “PODER DE FACTO”
De acuerdo con la tesis fiscal, Nicanor Boluarte Zegarra ejercería el liderazgo de esta presunta red criminal. Para ello, ejercía un “poder de facto” que le habría sido otorgado por su hermana, la presidenta Dina Boluarte.
En tanto, Mateo Castañeda, abogado de la mandataria peruana, es acusado de ser el “brazo legal” de la presunta red criminal.
De acuerdo con la pesquisa fiscal, el abogado presuntamente intentó “desactivar” la investigación contra el hermano de la presidenta, ofreciendo supuestamente sobornos a los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano. A cambio, les habría prometido ascensos y “protección” por parte del Poder Ejecutivo.
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