PJ evaluará suspensión de Patricia Benavides este 24 de junio

Fiscal de la Nación solicitó la suspensión de Patricia Benavides por un plazo de 36 meses

Audiencia para suspender a Patricia Benavides será el 24 de junio. Foto: Ministerio Público. Video: Canal N

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el lunes 24 de junio, a las 2:30 p. m., la audiencia para analizar el pedido de suspensión de Patricia Benavides por 36 meses. La solicitud fue presentada por la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, como parte de la investigación que involucra a Benavides por presunta obstaculización en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El requerimiento, presentado oficialmente el 11 de junio, cobró impulso tras los recientes incidentes ocurridos en la sede central del Ministerio Público, que motivaron a Espinoza a reiterar el pedido de suspensión ante el juzgado.

Fiscal Delia Espinoza advierte riesgo de interferencia si Benavides retorna

La titular del Ministerio Público justificó su solicitud señalando que existe un “serio peligro para el desarrollo regular de la presente investigación y otras vinculadas” si Patricia Benavides retorna a su cargo. Según el documento, hay antecedentes que indicarían la posibilidad de que Benavides use su posición para intervenir indebidamente en los procesos fiscales.

Espinoza considera que su presencia activa en el cargo podría comprometer la imparcialidad de las diligencias y el avance de los casos, por lo que solicita que se le prohíba ejercer funciones como fiscal de la Nación durante tres años.

Investigación en curso por caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”

Patricia Benavides está siendo investigada por presuntamente haber obstaculizado las labores del equipo especial encargado del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, cuando se encontraba al frente del Ministerio Público. Esta causa involucra a una presunta red de corrupción en el sistema judicial peruano.

La medida que se evalúa busca asegurar que la exfiscal no interfiera en las investigaciones, garantizando la independencia del Ministerio Público y evitando que su retorno influya en los procesos pendientes. La fiscalía sostiene que su permanencia sería perjudicial para la transparencia institucional.

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