PJ rechaza prescripción en caso de Víctor Polay Campos

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial resolvió declarar inaplicable la Ley 32107 y rechazó el pedido de prescripción de la acción penal formulado por la defensa de Víctor Polay Campos, líder histórico del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La decisión mantiene vigente el proceso penal en su contra por el presunto delito de asesinato.

La resolución fue emitida con base en la gravedad de los hechos imputados, que el juzgado calificó como crímenes de lesa humanidad, lo cual impide la aplicación de normas sobre prescripción penal. El anuncio fue difundido oficialmente por la Corte Superior Nacional.

Audiencia de control de acusación se realizará este 29 de diciembre

Tras rechazar la excepción de prescripción, el Poder Judicial programó la audiencia de control de acusación para el próximo 29 de diciembre a las 9:45 a. m.. La sesión será realizada en modalidad virtual, según detalla la notificación judicial enviada a las partes procesales.

Esta etapa procesal marcará el avance del caso hacia una eventual apertura de juicio oral, en caso se confirme la validez de los elementos presentados por el Ministerio Público contra Polay Campos y otros implicados.

Ley 32107 fue descartada por inaplicabilidad en el caso

El juzgado consideró que la Ley 32107, norma que pretendía modificar el tratamiento jurídico sobre la prescripción de delitos cometidos en décadas pasadas, no puede aplicarse a hechos considerados de lesa humanidad, ya que este tipo de crímenes no prescriben bajo el derecho internacional ni la jurisprudencia constitucional peruana.

Esta decisión reafirma el criterio judicial de no aplicar dicha ley en casos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Caso involucra al MRTA por presunto delito de asesinato

Víctor Polay Campos, junto a otros exmiembros del MRTA, enfrenta un proceso penal por el presunto delito de asesinato, en el marco de acciones perpetradas por esa organización subversiva. El Poder Judicial sostiene que los hechos deben ser juzgados bajo estándares especiales, debido a su naturaleza y contexto.

La decisión judicial se enmarca en el deber del Estado de investigar y sancionar este tipo de crímenes, incluso décadas después de ocurridos.