Plantean anular procesos si pruebas tienen origen ilegal
Expertos advierten que esta ley podría paralizar casos de corrupción y crimen organizado.
Un nuevo proyecto de ley presentado por la congresista Heidy Juárez ha desatado controversia en el Parlamento y en el ámbito jurídico.
La iniciativa legal propone que cualquier proceso judicial sea anulado si contiene al menos una prueba obtenida de manera ilícita, lo que podría afectar múltiples investigaciones en curso.
El proyecto plantea una modificación al Código Penal para invalidar procedimientos que incluyan pruebas obtenidas de forma irregular.
Sin embargo, especialistas en derecho penal advierten que la propuesta desconoce la complejidad de un proceso judicial.
El abogado penalista Fernando Ugaz explicó que un proceso no se sustenta en una única prueba, sino en un conjunto de elementos de convicción en la etapa de investigación y medios probatorios en el juicio oral.
Según Ugaz, aplicar este criterio generalizado podría obstaculizar la lucha contra la corrupción y otros delitos.
¿A QUIENES BENEFICIARÍA LA PROPUESTA?
Un aspecto que ha generado mayor controversia es que la iniciativa legislativa lleva la firma de varios congresistas que enfrentan investigaciones.
Entre ellos, además de Heidy Juárez, figuran José Luna, Guido Bellido, José Arriola, Kira Alcarráz, Edgar Tello, Darwin Espinoza y Luis Picón, este último con una sentencia por negociación incompatible.
Desde Podemos Perú, bancada a la que pertenece la congresista Juárez, señalaron que aún no han evaluado la iniciativa.
El parlamentario José Luna indicó que el tema será discutido internamente antes de decidir su respaldo.
Otras bancadas también han expresado su opinión. La congresista Gladys Echaíz, de Honor y Democracia, consideró que solo deberían anularse los procesos en los que toda la prueba haya sido obtenida ilícitamente, no aquellos en los que solo una parte de la evidencia sea cuestionada.
CUESTIONAMIENTOS
Por su parte, Ugaz advirtió que la propuesta podría ser interpretada como un intento de interferir en la labor del Poder Judicial, restándole independencia. “Es inviable y desnaturaliza el trabajo de los jueces”, señaló el penalista.
El proyecto de ley será evaluado en la Comisión de Justicia antes de su posible debate en el Pleno. Mientras tanto, el debate sobre su impacto en el sistema judicial sigue abierto.
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