Plantean delito por préstamo de cuentas con fines delictivos
La congresista María del Carmen Alva presentó un proyecto que propone sancionar el préstamo de cuentas y aplicar verificación biométrica para frenar delitos como la extorsión y el sicariato.
La congresista María del Carmen Alva presentó un proyecto de ley que busca incorporar nuevas herramientas legales para enfrentar la extorsión, sicariato y delitos financieros asociados al crimen organizado. La propuesta plantea reformas en el Código Penal, el sistema financiero y el régimen penitenciario, enfocándose en la prevención del uso indebido de cuentas bancarias y la contención de operaciones criminales desde los penales.
El proyecto, según se menciona, responde al incremento sostenido de denuncias por delitos violentos y financieros, y busca cerrar vacíos normativos que impiden una respuesta eficaz del Estado.
Tipificación del préstamo de cuentas bancarias
El proyecto introduce un nuevo delito que sanciona el préstamo, cesión o alquiler de cuentas bancarias o digitales con fines delictivos.
Esta conducta, conocida como uso de "cuentas mula", no está tipificada de forma autónoma en la legislación actual, lo que, según la autora de la iniciativa, favorece la impunidad.
Se propone una pena de entre 10 y 15 años de prisión para quienes presten su cuenta con conocimiento de su uso delictivo.
Si la cuenta se utiliza para extorsión, sicariato u otros delitos graves, la pena se eleva de 15 a 25 años, además de una inhabilitación de hasta 25 años para contratar servicios financieros.
Verificación biométrica para abrir cuentas
El segundo eje del proyecto contempla la modificación de la Ley General del Sistema Financiero para establecer que toda apertura de cuentas bancarias, billeteras digitales o servicios financieros electrónicos requiera verificación biofacial y biométrica obligatoria.
La medida busca reducir hasta en un 80% los fraudes por suplantación de identidad y mejorar la trazabilidad de operaciones sospechosas.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP tendrá 90 días para emitir el reglamento técnico correspondiente, en coordinación con el RENIEC y la Policía Nacional.
Régimen penitenciario para extorsionadores
También se plantea modificar el Código de Ejecución Penal para que los internos procesados por extorsión y sicariato relacionados con organizaciones criminales sean clasificados en el Régimen Cerrado Especial.
Esta categoría busca limitar las comunicaciones y el contacto externo, reduciendo la posibilidad de continuar delinquiendo desde los penales.
Informes recientes del INPE y la Defensoría del Pueblo indican que más del 70% de las extorsiones telefónicas se originan desde los centros penitenciarios.
Justificación basada en datos estadísticos
El proyecto presenta cifras que describen un escenario de crecimiento exponencial de la criminalidad.
Entre 2020 y 2023, las denuncias por extorsión aumentaron un 900%, mientras que entre enero y mayo de 2025 se reportaron más de 11,400 denuncias, un 22.5% más que el año anterior.
Además, la tasa de homicidios creció un 74% entre 2019 y 2024. A septiembre de 2025 ya se habían registrado 1,513 homicidios, superando la cifra total del año anterior.
Impacto económico y financiero del crimen organizado
El uso de cuentas prestadas está presente en más del 60% de las transacciones investigadas por fraude digital, según el Banco Central de Reserva del Perú.
La extorsión y el sicariato generan pérdidas anuales superiores a los S/ 1,200 millones, mientras que el fraude digital representa un costo adicional para el sistema financiero.
El proyecto estima que, de aprobarse, se generaría un ahorro potencial de hasta S/ 30 millones anuales por prevención de fraudes.
Implementación y coordinación interinstitucional
La propuesta incluye disposiciones para asegurar su implementación, como la creación de una mesa técnica de supervisión compuesta por el Ministerio Público, la DIVIAC, el INPE, la SBS y el RENIEC. Esta instancia deberá presentar un informe al Congreso en un plazo máximo de 180 días.
Además, se contempla una campaña nacional de sensibilización para informar a la ciudadanía sobre las consecuencias penales del préstamo de cuentas.
Alineamiento con políticas públicas y normas internacionales
El proyecto se articula con las políticas del Acuerdo Nacional y con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos. Propone actualizar la legislación vigente con base en criterios del GAFI y adecuar las sanciones a la realidad del crimen organizado.
También fortalece la coordinación entre el sistema financiero y el sistema judicial, con énfasis en la trazabilidad de recursos ilícitos.
El proyecto de ley presentado por María del Carmen Alva busca enfrentar delitos como la extorsión y el sicariato mediante tres medidas: tipificar como delito el préstamo de cuentas bancarias para fines delictivos, establecer la verificación biométrica obligatoria para abrir cuentas y endurecer el régimen penitenciario para internos vinculados a organizaciones criminales. La propuesta también plantea la creación de una mesa técnica de supervisión interinstitucional y una campaña de sensibilización ciudadana. El proyecto está respaldado por estadísticas oficiales sobre el crecimiento de la criminalidad organizada en el país.
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