Pleno del JNE declara infundado recurso de Yessenia Lozano
El JNE confirmó que Yessenia Lozano vulneró el principio de neutralidad electoral al exhibir imagen de César Acuña y símbolo de APP en su oficina del Congreso
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el recurso de apelación presentado por Yessenia Lozano, jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso, y confirmó que vulneró el deber de neutralidad al exhibir símbolos partidarios en su oficina durante un proceso electoral. La decisión ratifica lo resuelto en primera instancia por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1.
La controversia surgió tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de una fotografía del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, así como el logotipo del partido político, dentro de la oficina de Lozano en el Congreso. El JEE consideró que la funcionaria, afiliada a APP, infringió el principio de neutralidad al mantener elementos visuales partidarios en un espacio institucional.
JNE respalda fallo del JEE y rechaza argumentos de la defensa
En su resolución, el Pleno del JNE desestimó los descargos de Lozano, quien había argumentado que la sola presencia de una imagen no constituía proselitismo político. Sostuvo que no realizó actos de persuasión ni convocatoria y que no hubo intención de beneficiar a su agrupación política.
Sin embargo, el JNE ratificó que la neutralidad de los funcionarios públicos debe observarse no solo en sus actos, sino también en los símbolos presentes en espacios oficiales. La imagen del gobernador regional de La Libertad y el emblema de APP fueron considerados pruebas suficientes de una infracción al deber de imparcialidad.
Caso será remitido al Ministerio Público y otras entidades
El Jurado Electoral Especial dispuso que el expediente sea enviado al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Congreso de la República, para que actúen conforme a sus competencias, una vez consentida o ejecutoriada la resolución.
Esta medida busca que se evalúe una eventual responsabilidad administrativa o penal por el uso de un espacio institucional con fines políticos, en un contexto donde se exige absoluta neutralidad a los servidores del Estado durante los procesos electorales.
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