Poder Judicial alerta limitaciones en unidades piloto de flagrancia

El juez integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Carlos Zavaleta, informó en Canal N que el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva cuenta actualmente con 40 unidades implementadas a nivel nacional para combatir la criminalidad. El magistrado precisó que el sistema inició con pruebas piloto en el año 2022, destacando la primera unidad en El Porvenir, en La Libertad, para luego expandirse progresivamente entre los años 2023 y 2024.

De las 40 unidades operativas, 15 corresponden a unidades modelo que disponen de presupuesto, personal e infraestructura propia asignada por el Estado. Por el contrario, las 25 unidades restantes operan bajo la modalidad de unidades piloto, desempeñando labores en adición a sus funciones habituales sin contar con recursos financieros independientes directos.

Limitaciones presupuestales y gestión institucional

Carlos Zavaleta explicó que la falta de presupuesto autónomo en las 25 unidades piloto condiciona la contratación de personal, la logística y el acondicionamiento de infraestructura. Ante esta situación, el Poder Judicial gestiona la atención de estos despachos con sus propios recursos institucionales para garantizar la atención de los procesos por flagrancia en el país.

Las unidades piloto funcionan como un indicador de medición sobre la frecuencia delictiva y la dinámica criminológica en distintas ciudades. A través del monitoreo del Sistema Nacional, la institución evalúa el comportamiento de los delitos en cada jurisdicción para sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la asignación de recursos que permitan convertirlas en unidades modelo.

Propuestas ante el Ejecutivo y lucha contra el crimen

El representante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial enfatizó que se coordinará con el Poder Ejecutivo para solicitar las partidas presupuestales requeridas. El objetivo principal de la propuesta es dotar de sostenibilidad a los módulos de flagrancia y consolidar la respuesta del sistema judicial frente al crimen organizado.

El magistrado concluyó que la consolidación de estas unidades requiere el compromiso articulado de todos los operadores del sistema de justicia. Con la asignación de fondos por parte del MEF, se busca transformar las sedes piloto en despachos integrales con capacidad logística para procesar delitos en flagrancia de manera inmediata.