Poder Judicial aprueba viaje de Jorge Barata a Turquía y Mongolia

El Poder Judicial del Perú ha autorizado al exsuperintendente de Odebrecht en el país, Jorge Barata, a viajar a Turquía y Mongolia hasta el 24 de agosto de este año. La solicitud fue presentada por su defensa en el marco de la comparecencia con restricciones que se le impuso por el caso Gasoducto Sur Peruano, medida que le prohíbe ausentarse de Brasil, donde reside actualmente, sin una orden judicial previa.

Esta decisión ha generado un nuevo punto de fricción con el Ministerio Público. La Fiscalía ha advertido que la autorización podría comprometer el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva en las investigaciones, argumentando que la presencia virtual o física del procesado podría verse afectada por desplazamientos internacionales de esta magnitud.

El contexto legal de Barata

El 7 de enero de 2025, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada revocó el mandato de prisión preventiva de 36 meses dictado en octubre de 2024 contra Barata. En su lugar, se estableció un régimen de comparecencia con restricciones por 24 meses

Entre las condiciones impuestas se encuentra la obligación de presentarse mensualmente a control biométrico de forma virtual, entregar informes escritos sobre sus actividades, comparecer a requerimiento judicial o fiscal mediante videoconferencia y pagar una caución económica de 500,000 soles. Además, no puede ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial

El juzgado de investigación preparatoria correspondiente es el encargado de supervisar el cumplimiento de estas medidas y de evaluar cualquier solicitud que implique un viaje al extranjero, como la aprobada ahora.

Investigación por el caso Gasoducto Sur Peruano

Barata enfrenta una investigación preparatoria como presunto cómplice del delito de colusión agravada en agravio del Estado peruano. Según la tesis fiscal, habría favorecido a Odebrecht en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano y en la devolución irregular de la carta fianza del Gasoducto Andino del Sur.

En octubre de 2024, un juzgado declaró fundado el pedido de prisión preventiva solicitado por el Equipo Especial Lava Jato. Esa decisión implicó la activación de mecanismos de cooperación internacional y alertas de Interpol para lograr su detención. Sin embargo, la medida fue revertida en enero de 2025, abriendo un nuevo capítulo en el proceso judicial.

Ruptura con la colaboración eficaz

En noviembre de 2024, tras dictarse la prisión preventiva, Barata anunció el fin de su colaboración eficaz con las autoridades peruanas.

A través de su abogado, calificó la medida como una violación del tratado bilateral de cooperación judicial entre Brasil y Perú y advirtió que no participaría como testigo en más procesos vinculados a Odebrecht.

Su defensa también anunció acciones ante la Corte Suprema de Brasil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos e Interpol para impedir su detención. Este quiebre en la cooperación ha sido visto por analistas como un retroceso en el acceso a información clave sobre la trama de corrupción.

Bienes incautados en el Perú

El 25 de julio de 2025, la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima ejecutó la incautación de un departamento, dos estacionamientos y un depósito en el distrio de San Isidro, valorizados en más de 2 millones de soles.

Estas acciones se dieron como parte de una medida judicial para asegurar el pago de una posible reparación civil por el caso Odebrecht.

Los inmuebles pertenecen a las hijas de Barata, Daniela y Gabriela Simoes, y según la Fiscalía, habrían sido transferidos para eludir el pago de la reparación civil.

La diligencia fue encabezada por el fiscal Renzo Cairo y se realizó sin incidentes, respetando los contratos de alquiler vigentes. Pronabi asumirá la administración de los bienes hasta que se defina su destino final.

Posición de la Fiscalía frente al viaje

La Fiscalía sostiene que la autorización para viajar a Turquía y Mongolia podría entorpecer las diligencias, especialmente si surgen actuaciones urgentes que requieran la participación de Barata. Argumenta que, aunque la comparecencia con restricciones permite viajes autorizados, estos deben evaluarse con extremo cuidado, sobre todo cuando involucran desplazamientos a destinos lejanos.

Hasta ahora, no se ha confirmado si el Ministerio Público presentará una apelación contra la autorización. Sin embargo, fuentes fiscales no descartan esa posibilidad.

Reacciones en el ámbito judicial

Fuentes cercanas al Poder Judicial señalan que la autorización se concedió porque la defensa de Barata cumplió con todos los requisitos formales y presentó un itinerario documentado. Además, el tribunal consideró que el exdirectivo ha cumplido hasta ahora con sus obligaciones procesales.

No obstante, sectores críticos advierten que este tipo de permisos pueden ser percibidos como un trato preferencial para acusados de alto perfil.

Un caso que sigue abierto

A pesar de la autorización para viajar, el caso Gasoducto Sur Peruano continúa avanzando. La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con presuntos actos de corrupción y lavado de activos.

El desenlace del proceso dependerá en gran medida de la capacidad de las autoridades para garantizar que Barata cumpla con las condiciones impuestas.

La defensa del exdirectivo sostiene que su cliente ha demostrado voluntad de colaborar con el sistema de justicia y que el viaje autorizado no alterará el desarrollo del proceso.