Silvana Carrión respalda legalidad de acuerdo con Odebrecht

La procuradora pública ad hoc para el caso Odebrecht, Silvana Carrión, brindó declaraciones a la prensa al término de su participación ante la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso, presidida por el congresista Alejandro Muñante, que evalúa actos vinculados a la colaboración eficaz entre Odebrecht y el Estado.

Carrión afirma que el acuerdo fue validado judicialmente

Carrión indicó que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht fue aprobado por el Poder Judicial luego de un proceso de control de legalidad. Explicó que tanto la Fiscalía como la Procuraduría actuaron dentro del marco que la ley les otorga.

“Ningún tipo de favorecimiento. En esto quiero ser categórica. El acuerdo fue aprobado controlando la legalidad del mismo en base a lo que la norma propia autorizaba a cada una de las autoridades”, declaró.

Estado recuperó S/ 310 millones en reparación civil

La procuradora señaló que, como resultado del acuerdo, el Estado peruano ha recuperado S/ 310 millones por concepto de reparación civil. Precisó que este monto equivale a aproximadamente la mitad del total comprometido por la empresa brasileña.

“S/ 310 millones de cobro de reparación civil no es poca cosa para un caso de corrupción”, indicó. Añadió que, a diferencia de otros países, en el Perú los pagos no han sido suspendidos y se siguen ejecutando conforme a lo acordado.

Obligaciones del acuerdo siguen vigentes

Carrión también explicó que el acuerdo con Odebrecht contempla la entrega continua de información útil para las investigaciones fiscales. Además, reiteró que el documento no presenta irregularidades y que todas las etapas del proceso contaron con sustento legal.

La Comisión Multipartidaria del Congreso continuará recibiendo información y declaraciones en el marco de las investigaciones sobre los acuerdos de colaboración eficaz firmados entre el Estado y empresas investigadas por corrupción.

El acuerdo con Odebrecht fue suscrito en 2019 y ha sido utilizado como herramienta en diversos procesos relacionados con obras públicas y financiamiento de campañas políticas.