Presidencia asigna más de S/ 291 mil para defensa legal de Humala

La Presidencia de la República ha autorizado la contratación de una defensa legal para el expresidente Ollanta Humala por el caso Gasoducto Sur Peruano, con un presupuesto aprobado de S/ 291,600. La medida se formalizó mediante un procedimiento de selección no competitivo convocado por el Despacho Presidencial el pasado viernes, según documentos a los que accedió Canal N.

El proceso legal en curso involucra al exmandatario en calidad de imputado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. La defensa técnica será desplegada en la etapa intermedia del caso, en el que también están incluidos otros 22 acusados.

La Oficina General de Asesoría Jurídica respaldó el pedido de Humala, fundamentando que los hechos investigados ocurrieron durante su mandato presidencial.

Contrato se aprobó tras decreto de austeridad

El procedimiento de contratación directa se activó un día después de que el Ejecutivo publicara un Decreto de Urgencia que llama a reducir el gasto estatal. Este decreto subraya la necesidad de optimizar los recursos públicos ante una caída de ingresos fiscales y un déficit presupuestario, lo que ha generado cuestionamientos por la asignación de fondos a una defensa legal privada con recursos del Estado.

Pese al contexto, el Ejecutivo sustentó la contratación en el literal i) del numeral 55.1 del artículo 55º de la Ley General de Contrataciones Públicas, que permite contrataciones no competitivas en casos de servicios especializados. El expediente fue aprobado el 6 de noviembre de 2023 con cargo a recursos ordinarios.

Bases del contrato legal aprobado

El procedimiento lleva el código N° 005-2025-DP-1 y fue convocado por el Despacho Presidencial. Las bases definen criterios detallados sobre la prestación del servicio legal, incluyendo la experiencia requerida, los plazos y formas de pago, y mecanismos de solución de controversias. El contrato se celebrará en dos armadas: 40% con la entrega inicial y 60% al final del servicio.

Entre los requisitos se exige que el abogado a contratar tenga al menos cuatro años de experiencia en derecho penal o procesal penal, y formación académica acreditada ante SUNEDU. Se establece también que cualquier controversia será resuelta mediante arbitraje, y que el contratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.

Contexto judicial del caso Gasoducto Sur

El caso forma parte de la vigésima sexta acusación presentada por el Equipo Especial Lava Jato. La Fiscalía imputa a Humala y a otros acusados la conformación de una red que habría direccionado procesos de contratación pública durante su gobierno. La obra del Gasoducto Sur Peruano, adjudicada por más de 7 mil millones de dólares, es uno de los principales proyectos bajo investigación.

Según el Ministerio Público, durante la adjudicación se habrían pactado acuerdos ilegales entre funcionarios y empresas, entre ellas Odebrecht. También se señala la existencia de pagos encubiertos que podrían configurar lavado de activos. La etapa intermedia del proceso se desarrolla ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Imputación incluye otras autoridades y exfuncionarios

En la acusación se incluyen exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas, representantes de entidades reguladoras y directivos empresariales. Todos ellos son sindicados como parte de una estructura que habría operado desde la formulación legal hasta la ejecución del contrato del gasoducto, generando un perjuicio económico al Estado.

El caso ha sido clasificado como de “alta complejidad” y contempla delitos múltiples, incluidos colusión y lavado de activos. En esta fase, la acusación debe ser sometida a control judicial antes de la apertura de un eventual juicio oral.

Humala ya cumple condena por otro caso

El pasado 15 de abril, Ollanta Humala fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado, relacionado con aportes ilícitos al Partido Nacionalista en campañas presidenciales. La pena fue impuesta por el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional. Como parte de la sentencia, también se fijó una reparación civil de S/ 10 millones.

Actualmente, el exmandatario se encuentra recluido en el penal Barbadillo, en el distrito de Ate. Su esposa, Nadine Heredia, fue condenada en el mismo proceso pero no asistió a la lectura de sentencia. Ese día solicitó asilo en Brasil, el cual fue concedido horas después, y sobre ella pesa ahora una orden de captura internacional.

Defensa fue solicitada antes de la sentencia

El pedido de defensa legal ante la Presidencia fue presentado por Humala el 11 de agosto, es decir, meses antes de que se emitiera su condena en el otro proceso. En su argumentación, la Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial afirmó que los hechos delictivos atribuidos por la Fiscalía ocurrieron cuando Humala era jefe de Estado, razón por la cual el Estado asumiría su defensa.

El contrato aprobado contempla la defensa durante la etapa intermedia, sin que ello incluya aún una intervención durante un eventual juicio oral. El procedimiento se justifica bajo la figura de servicios especializados, conforme al marco legal vigente.

El Despacho Presidencial autorizó un contrato de S/ 291,600 para financiar la defensa legal de Ollanta Humala en el proceso penal por el Gasoducto Sur Peruano. El procedimiento fue convocado mediante una contratación directa no competitiva, con requisitos específicos para abogados penalistas. Esta medida fue tomada un día después de que el Gobierno emitiera un decreto para reducir el gasto estatal. Humala ya cumple una condena de 15 años por otro caso de lavado de activos. La Fiscalía lo acusa ahora de colusión agravada y asociación ilícita para delinquir durante su mandato presidencial, junto a otros exfuncionarios y empresarios.