Presidenta de la SNMPE: “No se debe castigar a la minería formal”

Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se pronunció tras la masacre ocurrida en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde trece personas fueron asesinadas en un nuevo episodio de violencia vinculado a la minería ilegal. 

En diálogo con Canal N, Torreblanca condenó los crímenes y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, señalando que “no es la primera vez que ocurre algo así” y que ya se han registrado más de 50 muertes en la zona. 

“Condenamos el ajusticiamiento de trece peruanos que buscaban llevar el pan a sus casas. La forma en que se ha matado a estas personas debe hacernos reflexionar sobre la violencia y la criminalidad que se han infiltrado en la actividad minera”, declaró. 

Consultada sobre el anuncio de la suspensión de actividades mineras en Pataz, Torreblanca pidió que se aclare si dicha medida incluye a empresas legales como Compañía Minera Poderosa, una de las más grandes de la región. 

“Suspender la actividad formal que cumple con las normas ambientales, de seguridad y tributarias sería contraproducente. No se debe castigar al que actúa dentro de la ley, sino a quien la viola o está vinculado al crimen”, sostuvo. 

Pide eliminar el Reinfo 

La representante del gremio minero manifestó su respaldo a las medidas anunciadas por el Ejecutivo, incluyendo la suspensión de los Registros de Saneamiento (Reinfo) ya inactivos, pero insistió en que se debe dar un paso más decisivo: eliminar de forma definitiva el Reinfo y fortalecer la Ley de Formalización de la Minería de Pequeña Escala (Ley MAPE).  

“El Reinfo fue un mecanismo transitorio. Quienes en más de 15 años no han cumplido con declarar su zona de actividad o sus insumos, es porque no tienen voluntad de formalizarse”, precisó. 

Torreblanca destacó que el problema de la minería ilegal no solo afecta a los mineros formales —artesanales, pequeños, medianos y grandes—, sino a toda la ciudadanía, por su vínculo con redes de criminalidad.  

Frente a la situación crítica, urgió la aprobación del Plan de Lucha contra la Minería Ilegal, elaborado por el Ejecutivo y que involucra a 19 entidades del Estado, entre ellas los gobiernos regionales, el Ministerio del Ambiente, Osinergmin, Oefa, la Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera.  

“Este plan debe ir acompañado de presupuesto y personal para que el Alto Comisionado, general PNP Jorge Gutiérrez, pueda liderar acciones efectivas”, puntualizó. 

También enfatizó que se debe supervisar toda la cadena de valor del mineral, desde la extracción hasta la comercialización, exigiendo a las plantas de beneficio que verifiquen con precisión el origen del mineral que procesan.  

“Si una planta recibe mineral de una concesión sin permisos, debe ser sancionada. Es urgente fortalecer la fiscalización con apoyo de Osinergmin, Oefa y los gobiernos regionales”, concluyó.