Próximas elecciones: Candidatos de APP con sentencias

Un total de 211 postulantes presentados por el partido Alianza para el Progreso (APP) para los cargos de gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales registran sentencias penales condenatorias en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. La cifra comprende a 18 candidatos a gobiernos regionales, 52 a alcaldías provinciales y 141 a municipios distritales. De acuerdo con una investigación periodística transmitida por el programa Cuarto Poder, las condenas corresponden principalmente a delitos contra la administración pública como corrupción de funcionarios, omisión a la asistencia familiar y violencia familiar.

La nómina electoral de la organización política liderada por César Acuña incluye además postulantes con antecedentes judiciales por condenas firmes de robo agravado, favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, circulación de billetes falsificados y terrorismo. Según las hojas de vida presentadas ante las autoridades electorales, los candidatos con condenas penales buscan asumir cargos de representación pública en diversas regiones, provincias y distritos del país.

¿Qué antecedentes registran los candidatos a alcaldías distritales y provinciales de APP?

En la región La Libertad, Fernando Morales Chinchay postula a la alcaldía distrital de Huaylillas, en la provincia de Pataz, tras haber ingresado a la función pública en 2022 como regidor del mismo municipio. Morales Chinchay registra en su hoja de vida una condena de 10 años de cárcel por el delito de robo agravado tras ser detenido en 2007 durante una intervención policial por el asalto al restaurante Donatelo en Miraflores. Asimismo, el candidato figura en un documento policial de enero de 2013 por el delito de violencia y resistencia a la autoridad tras enfrentarse a efectivos policiales durante un desalojo en el río Chillón. En su declaración de ingresos de 2025, reportó ingresos brutos superiores a los 3 millones de soles como gerente general de su constructora inmobiliaria, figura como accionista en cinco empresas y postula por el partido Alianza para el Progreso.

Por otro lado, la Fiscalía especializada investiga a postulantes vinculados a casos de terrorismo en distintas regiones del país. En Huancavelica, Nelfa Común Gavilán, candidata a la alcaldía provincial de Tayacaja y hermana del exalcalde Carlos Común Gavilán, es investigada por la Fiscalía contra el Terrorismo y Derechos Humanos de Huancayo por presunta colaboración con el terrorismo durante su gestión como alcaldesa distrital. Su hermano Carlos Común registra investigaciones de la Contraloría General de la República y la Fiscalía por irregularidades en los servicios de Cuna Más, caso por el cual el Ministerio Público solicitó 9 meses de prisión preventiva. En Cajamarca, Manuel Olano Villalobos postula a la alcaldía de San Juan de Cutervo tras haber cumplido una condena dictada en 1982 por el delito de terrorismo, hecho que confirmó haber purgado en los penales de Jaén, Chiclayo y Lima.

La lista de postulantes municipales con condenas penales en el interior del país incluye otros delitos graves consignados en el registro del Jurado Nacional de Elecciones. En Amazonas, Neiser Huamán Puerta postula a la alcaldía distrital de La Jalca tras haber sido sentenciado en 2013 a 5 años de cárcel por el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. En Apurímac, Julián Mitma Sischa, de 44 años, postula a regidor del distrito de Ongoy registrando una sentencia de 5 años de prisión por violación a la libertad sexual. En Lima, el candidato a la alcaldía de Villa El Salvador, Marcelino Huamán, registra una condena de tres años de pena suspendida por falsificación y uso de documentos públicos, además de una medida de protección en su contra por violencia psicológica y un proceso en trámite por pensión de alimentos.

¿Quiénes son los candidatos a gobiernos regionales de APP que presentan condenas judiciales?

En Arequipa, el exgobernador Elmer Cáceres Llica busca retornar al gobierno regional bajo la bandera de Alianza para el Progreso junto a su esposa Jennifer Neira Gonzales, quien postula a la alcaldía provincial de Caylloma. Cáceres Llica permaneció cuatro años en prisión tras recibir en 2023 una condena de siete años de cárcel por el delito de colusión agravada debido a irregularidades en la adquisición de 232 butacas para el coliseo de Chivay, pena que fue anulada por el Poder Judicial en 2025 para la realización de un nuevo juicio oral. Adicionalmente, en su hoja de vida figuran tres sentencias penales firmes: dos años de pena suspendida en 2007 por entorpecimiento al funcionamiento de medios de transporte, un año y ocho meses en 2016 por falsa declaración en procedimiento administrativo, y siete meses de pena suspendida en 2024 por incumplimiento de deberes funcionales.

En Cajamarca, el excongresista Moisés Gonzales Cruz postula a la gobernación regional registrando sentencias firmes y denuncias policiales por violencia contra la mujer. En 2021, cuando ejercía el cargo de parlamentario, fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de colusión simple, proceso en el cual fue absuelto en 2024 por el Poder Judicial con la fijación de 30 mil soles de reparación civil al Estado. En 2023 recibió una condena de seis meses y 26 días de periodo de prueba por omisión de deberes funcionales tras acogerse a la conclusión anticipada por no asistir a las reuniones del comité de seguridad ciudadana. Gonzales Cruz registra además dos sentencias por pensión de alimentos en juzgados de Lambayeque y Ventanilla, así como denuncias en la policía por violencia psicológica en 2017, por ingresar a la vivienda de su expareja a quemar prendas de vestir en 2018 y por agredir a una fectivo policial en 2019.

En la región Junín, Arnoldo Dante Mallma Auqui postula al gobierno regional mientras su hermano Jesús Martín Mallma Auqui figura como candidato a regidor provincial de Huancayo. Arnoldo Dante Mallma Auqui registra un ingreso anual cercano a los dos millones de soles e inmuebles valorizados en más de un millón de soles; sin embargo, en 2019 solicitó al Poder Judicial la reducción de la pensión de alimentos para su hijo de 500 a 1400 soles, demanda que no prosperó. En sus antecedentes figuran dos sentencias judiciales que lo obligan al pago de manutención, una sentencia por violencia familiar y una condena dictada en 2025 por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo con el pago de 3 mil soles de reparación civil.

¿Qué consecuencias genera la inclusión de postulantes con antecedentes penales en las listas electorales?

La presencia de 211 candidatos sentenciados en las listas de Alianza para el Progreso evidencia que las agrupaciones políticas mantienen en sus nóminas a ciudadanos que cumplieron o registran condenas por diversos delitos. De acuerdo con el portal del Jurado Nacional de Elecciones, las condenas por violencia familiar, omisión a la asistencia familiar y faltas a la administración pública concentran la mayoría de los casos reportados en las fichas de inscripción. La legislación electoral vigente permite la declaración de estas sentencias en la hoja de vida para conocimiento del electorado durante el proceso de votación.

Las autoridades de la organización política fueron consultadas sobre los criterios de selección de sus postulantes a nivel regional, provincial y distrital. Sin embargo, al cierre del informe periodístico, ni los directivos de Alianza para el Progreso ni los candidatos mencionados en la investigación brindaron respuesta a las llamadas y mensajes enviados. Por su parte, el fundador del partido, César Acuña, señaló en declaraciones públicas que la ciudadanía no debe votar por candidatos desconocidos y ratificó su postura frente a los cuestionamientos de los medios de comunicación.

La postulación de ciudadanos con antecedentes penales abarca postulaciones conjuntas de integrantes de una misma familia en diferentes niveles de gobierno. Casos como los de la familia Común Gavilán en Huancavelica, los hermanos Mallma Auqui en Junín y el matrimonio de Cáceres Llica y Neira Gonzales en Arequipa muestran la concentración de candidaturas familiares bajo la misma agrupación política. El panorama de las nóminas electorales presentadas por APP expone la participación activa de postulantes que han pasado por procesos judiciales resueltos o en trámite en las distintas dependencias del Poder Judicial y el Ministerio Público.