Todo sobre el caso Pativilca y el proceso que se le sigue a Alberto Fujimori

"Se necesitaba una decisión política, en este caso del presidente de la República", dijo en una entrevista televisiva el exjefe del grupo Colina, Santiago Martin Rivas sobre las operaciones y ejecuciones realizadas por este destacamento.

Era inicios de los 90. Alberto Fujimori había asumido la presidencia e iniciado un agresivo plan antisubversivo para acabar con 10 años de atentados, masacres y amenazas al Estado por parte de Sendero Luminoso. Según Martin Rivas, el método inicial fue emulado de un plan de seguridad de los Estados Unidos.

La idea fue combatir el terrorismo con acciones similares a las perpetradas por los senderistas. Para ello, se creó un grupo que tuvo a cargo estas operaciones. Los resultados fueron, entre otros, las conocidas matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y Pativilca. 

Por las dos primeras, Fujimori recibió una condena de 25 años de cárcel. La justicia lo señaló como el autor mediato de estos crímenes. Para los miembros de Colina, en ambos lugares había elementos terroristas que debían ser aniquilados. Esa era la orden. Para los deudos, ellos eran inocentes.

Deudas pendientes

Pero el caso Pativilca quedó pendiente. Cuando en 2007 se produjo la extradición desde Chile de Alberto Fujimori no se contempló en el cuadernillo este hecho. Fue recién en 2015 que, tras un pedido de la justicia peruana, la Corte Suprema de ese país autorizó ampliar la extradición.

El 29 de enero de 1992, en plena efervescencia del terror y con los subversivos cercando la ciudad, el grupo Colina secuestró y asesinó a seis personas: John Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Felandro Castillo Manrique, César Rodríguez Esquivel, Pedro Agüero y Pedro Arias Velásquez.

El motivo fue el mismo por el que Colina había recibido la orden de llevar a cabo los aniquilamientos: presencia de presuntos elementos terroristas. Entre las víctimas de este grupo había un estudiante, tres agricultores, un chofer y un profesor. De ellos la familia no volvió a saber nada. 

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En 2007, el exmiembro del grupo paramilitar, Jorge Ortiz Mantas, narró cómo se llevaban a cabo las ejecuciones. Él dijo haber sido parte del asesinato de las seis personas en Pativilca, una pequeña provincia al norte de Lima.

La operación fue realizada de madrugada. La Comisión de la Verdad y Reconciliación reconstruyó el hecho con testimonios y determinó que los encapuchados ingresaron por la fuerza a las casas. Para cumplir el objetivo, los paramilitares tardaron una hora y media: de 2:30 a 4 a.m.

Todas las víctimas eran vecinos. Uno a uno, los arrastraron, los golpearon y los subieron a vehículos en medio de la apacible noche de verano de Pativilca. Los testimonios de los testigos (hijos, esposas de los asesinados) coinciden en que los comandos llevaban ropa oscura y que para su fin utilizaron desmedida violencia. Nunca más los volvieron a ver.

Era las 6 de la tarde del 30 de enero. Luis Agüero, hermano de una de las víctimas envió una señal de alerta: había encontrado restos en un cañaveral a pocos metros de donde fueron secuestrados. Eran ellos. Los habían torturado y acribillado en la zona.

Proceso inconcluso

A 26 años del asesinato, la Sala Penal Nacional evalúa si Alberto Fujimori será excluido o continuará investigado en este proceso. El indulto y gracia presidencial que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski borró inmediatamente todos los procesos pendientes. Sin embargo, la justicia podría sentar un precedente y determinar que el acusado de la autoría mediata siga siendo parte de las pesquisas.

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Alberto Fujimori es acusado de secuestro, tortura y asesinato. Según declaraciones de Martin Rivas y del propio Vladimiro Montesinos, la acción militar necesitaba un aval político que Fujimori dio. 

"Miren, cuando se combatió el terrorismo había cuatro ejes centrales: la primera era la decisión política. ¿A quién le correspondía esto? Al jefe de Estado, al presidente. Si no había decisión política, nada funcionaba", decía Montesinos en una reunión en abril de 1998 con miembros de Cambio 90. 

Los deudos participan en los procesos a la espera de una decisión que les sea favorable, mientras que el Poder Judicial evalúa en qué situación quedará este proceso pendiente luego de largos 28 años de espera.