Rodríguez: Vásquez afrontaría cargos por concusión y peculado

La congresista del Bloque Magisterial, Lucinda Vásquez, enfrenta un cúmulo de denuncias que podrían derivar en graves consecuencias legales y políticas. 

En diálogo con Canal N, el abogado penalista Julio Rodríguez, se estarían configurando delitos como concusión, peculado y usurpación de funciones, además de faltas administrativas por nepotismo en su despacho. 

El caso ha sido revelado por un reportaje que incluye declaraciones de exasesores, capturas de chats y pruebas documentales. El abogado Julio Rodríguez considera que, por la gravedad y multiplicidad de los hechos, este caso no debe limitarse al ámbito ético, sino que debe llegar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. 

Nepotismo y vínculos familiares directos 

Rodríguez explica que el nepotismo no es un delito penal, pero sí una infracción administrativa sancionable. En el despacho de Vásquez habrían trabajado al menos tres personas con vínculos familiares, incluyendo una técnica que conviviría con el hijo de la congresista.  

Este tipo de contrataciones, incluso si cumplen los perfiles técnicos, están prohibidas hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

El abogado también advierte que, bajo la propuesta de ley que flexibiliza las restricciones de contratación estatal para familiares, casos como este quedarían impunes, generando un riesgo para la ética pública.

Usurpación de funciones por parte del hijo 

Uno de los aspectos más delicados del caso es la conducta del hijo de la congresista, quien se habría presentado como asesor congresal, sin tener vínculo formal con el Parlamento. Según Rodríguez, esto constituiría el delito de usurpación de funciones, cuya pena puede llegar hasta los cuatro años de cárcel. 

Además, se ha documentado que el hijo registró más de 130 visitas a instituciones públicas, lo que agravaría el caso al demostrar una conducta reiterada de suplantación de funciones. 

Concusión y peculado: los delitos más graves 

El abogado penalista considera que el caso más comprometedor es el de los recortes de sueldos a trabajadores del despacho. Exasesores, como Walter Tello, han denunciado que se les exigía entregar parte de su salario bajo la figura de "préstamos" obligatorios. Rodríguez califica esta práctica como concusión, delito penado con entre dos y ocho años de cárcel. 

Adicionalmente, se señala que la congresista habría exigido a sus trabajadores devolverle los gastos de representación, apropiándose indebidamente de estos fondos. De confirmarse, se configuraría el delito de peculado, que también conlleva penas de hasta ocho años de prisión. 

Llamado urgente al Congreso y Ministerio Público 

Rodríguez sostuvo que, debido a la gravedad del caso y a las evidencias disponibles, este debe ser remitido de inmediato a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.  

Además, el Ministerio Público debe abrir una investigación preliminar, dado que se han presentado pruebas que incluyen transferencias bancarias y mensajes que evidencian los cobros indebidos.

Como conclusión, el caso de Lucinda Vásquez pone nuevamente en evidencia el deterioro ético y legal en sectores del Congreso, y plantea la urgencia de fortalecer los filtros de acceso a cargos públicos y la vigilancia sobre los recursos del Estado.