Romy Chang: Los jueces deben aplicar las normas del Congreso

Romy Chang, abogada penalista, se pronunció sobre la decisión del Poder Judicial en anular la orden de prisión preventiva de 36 meses contra Nicanor Boluarte. 

En diálogo con Canal N, argumenta que el juez de primera instancia, Concepción Carhuancho, cometió un error al inaplicar las normas del Congreso (Ley 32108 y Ley 32138).

En esa línea, resaltó que la inaplicación de la ley por parte de los jueces no está permitida, ya que no corresponde a los jueces crear normas, sino aplicarlas.

Agregó que no tienen la facultad de inaplicar normas legales bajo el control difuso si esto perjudica los derechos de los investigados.

La Quinta Sala Penal resalta que las normas modificadas debían haberse aplicado, y que el juez no podía desestimarlas. 

Como se sabe, el caso de Nicanor Boluarte involucraba delitos como corrupción, tráfico de influencias y organización criminal, con el crimen de organización criminal siendo el más grave.

“No se puede a través de esta figura del control difuso inaplicar una norma emitida por el Congreso cuando esa norma vulnera los derechos de los investigados”, resaltó. 

Esto justifica la medida de prisión preventiva para garantizar la participación del investigado en el proceso. Al respecto, Romy Chang cuestiona estas leyes que favorecen casos de corrupción y otros.

Asimismo, indicó que estas reformas dificultan la lucha contra la delincuencia y benefician tanto a casos mediáticos como no mediáticos (por ejemplo, violación de menores o trata de personas).

“No se dan cuenta los congresistas y el Ejecutivo que con este tipo de disposiciones no solo se benefician casos de corrupción como éstos si no casos muchos más graves”, expresó. 

En este caso, la Sala sustituyó la prisión preventiva por una comparecencia simple debido a la insuficiencia de fundamentos y la naturaleza de los delitos imputados.

Propuesta del Ejecutivo sobre la detención preliminar 

En cuanto a las propuestas del Ejecutivo para modificar la ley y excluir ciertos delitos, como la corrupción, de la detención preventiva, se plantea que esto podría beneficiar a políticos involucrados en casos de corrupción. 

“Hasta la propia presidenta de la República, Dina Boluarte, se beneficiaría con esa norma”, dijo Chang. 

Caso Juan José Santiváñez 

En relación con el ministro Santiváñez, quien supuestamente entregó un celular sin datos relevantes y no proporcionó la clave de su cuenta de iCloud, se menciona que, aunque no se considera obstrucción a la justicia en términos legales, esta actitud podría ser un factor que influya en su evaluación y las medidas judiciales contra él. 

“Tiene la obligación, pero también tiene derecho de no autoinculparse. Puede decir que no se acuerda la clave”, remarcó. 

La abogada penalista recomienda que el Ministerio Público busque información mediante mecanismos técnicos o legales alternativos, como solicitudes directas a las empresas tecnológicas. 

Por último, subraya la responsabilidad de la presidenta de evaluar la continuidad de funcionarios que dificultan investigaciones.