CIDH sobre crisis política en el Perú: "Hubo uso de la fuerza de manera letal, indiscriminada y desproporcionada"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la prensa el informe final elaborado respecto al contexto de las protestas sociales producidas durante la crisis política que afrontó el Perú entre diciembre del 2022 y enero del 2023.

La presidenta del CIDH, Margarette May Macaulay, se encargó de leer el informe final donde se valoró las facilidades brindadas por el Estado y resaltó que es típico de los gobiernos democráticos que se muestren ante el escrutinio internacional.

De igual modo, señalaron que hablaron con distritos tipos de personas en distintos territorios del país donde observaron la gran tensión entre Lima y las regiones, especialmente en la parte sur donde predominan los pueblos indígenas y campesinos, incluso resaltó que “existen confrontaciones entre los poderes públicos y crisis ante la desconfianza de los ciudadanos”.

“Entre el 7 de diciembre del 202 y el 3 de enero del 2023 miles de personas se movilizaron a lo largo del territorio nacional para ejercer su derecho a la protesta, más 477 manifestaciones se registraron a lo largo del país”, señala el informe.

CIDH resaltó que la protesta pacífica y social es un elemento social para el funcionamiento de la democracia y que en tiempos de crisis pueden ser los únicos medios de participación política de las comunidades. En este contexto, se produjeron hechos de violencia que no fueron protegidas por el derecho a la protesta y estas situaciones no eximen al Estado 

En términos generales la CIDH señaló que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme a lo largo del territorio nacional por lo que hubo uso excesivo de la fuerza en casos específicos.  “La información que recibimos de Lima, Ica, Arequipa y Cusco, parece que la respuesta del Estado se caracterizó por el uso de la fuerza de manera letal indiscriminada y desproporcionada”, señalaron.

Refirieron que esto quedó constatado por el alto número de personas lesionadas, muchas de ellas por armas de fuego, incluso muchas de ellas sin estar participando de las protestas. “Estos hechos deben ser investigados, juzgados y sancionados”, remarcaron en el informe.

En este caso refirieron que en la región Ayacucho hubo violaciones de derechos humanos graves, los cuales deben ser investigados con debida diligencia y con enfoque étnico racial, “las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, además, como estas son de privaciones múltiples del derecho a la vida, deben ser clasificadas como una masacre”, señala el informe.

Asimismo, en Juliaca también refirieron que agentes estatales realizaron uso excesivo indiscriminado de la fuerza, que conllevó a las violaciones de derechos humanos graves, así como a terceros.

“Para superar la crisis se necesita el diálogo genuino, amplio e inclusivo con un enfoque intercutural y territorial donde se obtengan resultados, asimismo recomendaron que se tomen medidas para fortalecer las instituciones democráticas”, rezó el documento.

Ante esto, la CIDH elevó un número de 36 recomendaciones, entre ellas sobre dialogo y superación de la crisis, seguridad ciudadana, reparación y atención de víctimas de violaciones de derechos humanos, lucha contra la impunidad, institucionalidad democrática, libertad de expresión, reunión y asociación; por lo que quedan a disposición para brindar cooperación técnica para implementar las recomendaciones hechas en el informe.