Consejo de Estado de Colombia suspende decreto de consulta

El Consejo de Estado de Colombia suspendió este miércoles el decreto con el que el presidente Gustavo Petro convocaba una consulta popular sobre su reforma laboral. Esta decisión se adoptó como medida cautelar en respuesta a una demanda presentada por 12 senadores, quienes advirtieron que el Ejecutivo omitió el requisito constitucional de contar con la aprobación previa del Senado.

El Decreto 639, emitido por Petro para convocar la consulta, fue cuestionado por presuntamente invadir competencias del Congreso. El máximo tribunal de lo contencioso administrativo resolvió suspenderlo de manera provisional mientras se analiza su legalidad y su constitucionalidad en instancias superiores.

Esta resolución representa un nuevo revés jurídico para el mandatario colombiano, que enfrenta crecientes cuestionamientos institucionales sobre el uso de decretos para avanzar con reformas rechazadas en el Congreso.

Petro defiende su decisión y niega ilegalidad

Tras conocerse la suspensión del decreto, el presidente Gustavo Petro defendió públicamente su actuación. A través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), afirmó que “ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores porque tampoco ha dicho ilegalidad”.

Petro sostuvo que la decisión fue tomada por una sala del Consejo, y recordó que el decreto ya había sido entregado a la Corte Constitucional para su evaluación. El mandatario insistió en que su intención es que sea el pueblo quien decida sobre la reforma laboral, luego de que el Senado rechazara su convocatoria a consulta por un estrecho margen de 49 votos contra 47.

El Ejecutivo colombiano había anunciado que la consulta se realizaría el 7 de agosto, coincidiendo con el tercer aniversario del gobierno de Petro.

Reforma laboral fue aprobada por el Senado tras ser archivada

En un giro sorpresivo, el Senado colombiano revivió y aprobó esta semana la reforma laboral impulsada por Petro, pese a que había sido archivada en marzo. La nueva aprobación genera incertidumbre sobre el futuro de la consulta popular, que originalmente buscaba revertir el archivo del proyecto.

La Registraduría Nacional, entidad encargada de organizar comicios, se pronunció señalando que corresponderá a las altas cortes —el Consejo de Estado y la Corte Constitucional— decidir si el referéndum se llevará a cabo.