Jueza ordena el cierre de la cárcel Alligator Alcatraz en EE.UU.

La cárcel de migrantes conocida como Alligator Alcatraz será cerrada en un plazo máximo de 60 días, según dispuso la jueza federal Kathleen Williams en un fallo emitido en Miami. La magistrada prohibió además el ingreso de nuevos internos y ordenó el desmantelamiento completo de las instalaciones.

La decisión constituye un revés para el presidente Donald Trump, que había defendido este centro como parte de su política de mano dura contra la inmigración irregular en Estados Unidos.

El establecimiento, también llamado “Alcatraz de los Caimanes”, fue construido en apenas ocho días en un aeródromo abandonado de los Everglades, al sur de Florida.

Desde su apertura el 2 de julio, ha albergado a unas 700 personas, que deberán ser trasladadas a otros centros de detención antes de la clausura definitiva.

Decisión judicial sobre Alligator Alcatraz

En su resolución, la jueza Williams destacó que la prisión fue levantada sin cumplir las normas ambientales básicas ni realizar una evaluación de impacto, como exige la legislación federal. Ordenó retirar vallas, sistemas de alumbrado, generadores y demás elementos instalados para sostener el proyecto.

La magistrada advirtió que la construcción causó pérdida de hábitat y afectó especies en peligro de extinción en la zona protegida.

El fallo amplía una suspensión previa que ella misma había dictado dos semanas antes sobre las obras complementarias del centro de detención.

La jueza, nombrada en 2011 durante la administración de Barack Obama, se ha pronunciado anteriormente en contra de iniciativas estatales restrictivas contra migrantes en Florida.

Argumentos ambientales y demandas presentadas

El cierre responde a dos demandas judiciales, una de carácter ambiental y otra vinculada a derechos de los migrantes. La primera fue presentada por organizaciones ecologistas y por la tribu indígena Miccosukee, que alertaron sobre el riesgo para el ecosistema de los Everglades.

Este humedal alberga más de dos mil especies de flora y fauna, incluyendo los caimanes que dieron nombre al centro.

La jueza coincidió con los demandantes al señalar que el proyecto representaba una amenaza directa para el equilibrio ambiental de la región.

La pérdida de hábitat y el aumento de mortalidad de especies vulnerables fueron parte de los argumentos que respaldaron la orden de desmantelamiento.

Condiciones de detención y denuncias de abusos

Además de las consideraciones ambientales, el centro ha estado en el foco de críticas por las condiciones de internamiento. Migrantes, abogados y familiares denunciaron que los detenidos pasaban días sin ver la luz del sol, recluidos en espacios sin ventanas ni ventilación adecuada.

Reportaron falta de higiene, escaso acceso a atención médica y episodios de malos tratos.

Un cubano detenido en el lugar declaró que nunca había salido de las carpas en 14 días y que eran trasladados con las manos en la cabeza como si fueran criminales peligrosos.

Otros testimonios describieron celdas saturadas, ausencia de suministros básicos como dentífrico o desodorante, temperaturas extremas y nubes de mosquitos.

Testimonios de golpizas y huelgas de hambre

Abogados y reclusos relataron que varios detenidos sufrieron golpizas por parte de guardias tras quejarse de las condiciones. Uno de ellos afirmó haber recibido puñetazos y patadas antes de ser dejado varias horas esposado en un espacio cerrado sin cámaras.

Otro denunció que fue golpeado en presencia de otros prisioneros durante una comida.

La desesperación llevó a algunos migrantes a realizar huelgas de hambre o intentos de suicidio. Un detenido de 63 años declaró públicamente que había intentado quitarse la vida en dos ocasiones. Activistas difundieron grabaciones de estas denuncias en manifestaciones frente al centro.

Impacto político en Florida y en la política migratoria

El cierre de Alligator Alcatraz representa un revés político para Donald Trump y para el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Ambos habían presentado el centro como un modelo para futuros lugares de detención en Estados Unidos.

Su instalación fue considerada emblemática de la política de endurecimiento migratorio impulsada en Florida.

La administración estatal anunció que apelará la decisión judicial. Sin embargo, mientras dure el proceso, las autoridades deberán cumplir con el plazo de 60 días para trasladar a los 700 reclusos y retirar toda la infraestructura del recinto.

Reacciones de organizaciones de derechos humanos

Diversos grupos defensores de los migrantes y activistas ambientales celebraron la resolución judicial. Señalaron que el fallo demuestra que no se pueden vulnerar leyes federales en nombre de políticas de emergencia.

Consideraron que este cierre es un precedente importante frente a intentos de replicar centros similares en otros estados.

Por su parte, abogados de los detenidos recordaron que muchos reclusos no habían tenido acceso a audiencias con jueces migratorios, lo que calificaron como una violación del derecho al debido proceso.

Señalaron que el cierre permite visibilizar estas irregularidades y urgieron a revisar la situación legal de los migrantes trasladados.

Próximos pasos tras el fallo judicial

Con la orden en marcha, el gobierno federal y el estado de Florida deberán coordinar la reubicación de los internos en otros centros de detención.

La jueza dispuso que ninguna persona más sea ingresada a las instalaciones. El desmantelamiento incluirá la remoción de cercas, alumbrado, tuberías y demás elementos añadidos.

El futuro de los terrenos en los Everglades queda sujeto a las decisiones ambientales y legales posteriores.

Los grupos ecologistas exigen la restauración del área afectada y el monitoreo del hábitat para garantizar la recuperación del ecosistema.